El ciudadano José Ozuna interpuso un recurso de Hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia contra el contralor Alvin Weeden, para que revele el resultado de un informe de auditoría ambiental realizado en Arraiján y que involucra a altos funcionarios y ex funcionarios.
Ozuna involucra al alcalde Jaime Barroso; al ex viceministro de Vivienda, Rogelio Paredes; al legislador Vicente Magallón; al ex legislador Olmedo Guillén y a Iveth Castillo en la supuesta explotación ilegal de una cantera en Arraiján.
Según el recurso, las personas antes mencionadas extraen tosca de "manera ilegal" para vendérsela a la empresa Ingenieros Civiles y Asociados (ICA) y a otros particulares.
Sostiene Ozuna que esta explotación y venta no cumple con la Ley 55 de 10 de julio de 1973, que regula la administración, fiscalización y cobro de tributos municipales.
Destaca como una prueba de su aseveración el hecho de que la Dirección de Recursos Minerales multó con B/.10,000 a las personas antes citadas por incurrir en desacato al extraer tosca de esta cantera sin la debida concesión.
Señala que el alcalde Barroso violó el artículo 34 de la Ley 55 al autorizar la extracción de tosca sin que se hubiera solicitado una concesión a la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias.
Agrega Ozuna que estas personas tampoco pagaron al Municipio de Arraiján los derechos sobre extracción de la tosca, ocasionándole, afirma, una presunta lesión patrimonial por B/. 10,000.
