Una querella criminal por abuso de autoridad, hurto, asociación ilícita para delinquir, violación de domicilio y usurpación de funciones, se interpuso en contra del juez decimoséptimo civil de Panamá, Jorge Isaac Escobar y otros funcionarios.
La acción fue presentada en la Policía Técnica Judicial (PTJ) por la firma de abogados Carrillo Brux y Asociados en representación de la Fundación Firmamento S.A.
La querella también va en contra de otros funcionarios judiciales como Marisol Osorio Leyton y Marta Lucía Cañola, quienes presuntamente están implicados en el delito.
La razón de la denuncia en la PTJ se basa en que el juez Escobar admitió una solicitud del curador para decretar un secuestro contra la empresa Fundación Firmamento, S.A., en un proceso de quiebra que se sigue contra la compañía Centro de Cámaras, con la cual no hay ninguna relación comercial.
La Fundación Firmamento S.A. no es parte del litigio o del proceso de quiebra que se sigue a Centro de Cámaras, por ende, no se podía admitir un secuestro en contra de la primera, sostiene en su argumentación el jurista Carlos Carrillo.
El juez Escobar, sostiene Carrillo, admitió y decretó el secuestro de un apartamento propiedad de Fundación Firmamento, donde residía la familia de Rajesli y Sharmila Nadwani.
El abogado expresó que el juez Escobar ordenó el secuestro por la suma de B/.842,560 y en la diligencia realizada por los funcionarios judiciales lanzaron a la calle a los inquilinos.
