El Colegio Nacional de Abogados rechazó la orden girada por la Contraloría General de la República, de cautelar los bienes del jurista José Antonio Sierra, por su relación con la empresa Ports Engineering and Consultants Corp. (PECC), en su calidad de agente residente de la sociedad.
Aunque la orden de cautelación fue emitida mediante la resolución 86 del 9 de octubre de 2003, los profesionales del derecho consideran que la medida crea un clima de intranquilidad en el desempeño de sus funciones al representar determinada empresa.
Según la explicación de los abogados, la resolución violenta la jurisprudencia, pues el agente residente sólo ejerce una función de contacto entre la corporación y las autoridades nacionales, y no guarda relación con la administración y gobierno de una sociedad, sin perjuicio de la obligación legal de conocer al cliente.
"Es evidente la responsabilidad que le compete a los jurisconsultos en el ejercicio de sus tareas, cuando excepcionalmente fungen como accionistas y como directores de una corporación o sociedad, sin embargo, resulta imperativo hacer la diferenciación entre este tipo de funciones y las que lleva a cabo el referido agente residente", expresa un comunicado de los abogados.
Consideran que cautelar los bienes del letrado, sólo por el hecho de representar la sociedad, atenta contra del libre ejercicio de la profesión, limita el actuar del abogado y debe considerarse una violación a sus derechos humanos.
Aclaran que de tratarse de un abogado que fungiera como miembro de la sociedad o de la Junta Directiva de esa empresa, entonces puede la Contraloría actuar con la referida cautelación, pero que en este caso no viene a lugar.
En el comunicado los abogados citan lo aprobado en el VIII Congreso de la Organización de las Naciones Unidas celebrado del 27 de agosto de 1990, donde se estableció que "los gobiernos deben asegurar que los abogados puedan ejercer sin intimidación, impedimentos, persecución o interferencia inapropiada" sus actividades.
El jurisconsulto presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un recurso para lograr el levantamiento de la medida, pero aseguran que la máxima instancia judicial no ha agilizado la petición.
Los accionistas de la empresa Ports Engineering and Consultants Corp (PECC) son investigados por la Contraloría al estar presuntamente vinculados al delito de lesión patrimonial por la aparente prestación ficticia del servicio de mantenimiento de faros y boyas a los puertos de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).
Entre los vinculados figuran Hugo Torrijos, Rubén Reyna y familiares, además del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, quienes aparecen denunciados en la demanda presentada ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde se solicita la cancelación de la resolución que otorga en concesión por ese servicio a PECC.
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