- 13 millones de dólares fue el monto de la compra autorizada para la máquina de espionaje.
La compra de la máquina de escuchas telefónicas y rastreadora de correos electrónicos, que pudo haber causado una lesión patrimonial al Estado por el orden de los 13.4 millones de dólares, fue autorizada por el Consejo Directivo del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Esta información se registra en el expediente que instruye la Fiscalía Tercera Anticorrupción.
En dicho expediente reposa el acta número 2-10, del 19 de mayo de 2010, en la que aparecen como firmantes Marta de Varela, en calidad de viceministra de Desarrollo Social, y Mirna de Crespo, viceministra de Educación.
El acta indica que la junta directiva del PAN autoriza al director de la entidad, en ese entonces Giacomo Tamburrelli, a celebrar el contrato con la empresa israelí para la compra de la máquina dedicada a las escuchas telefónicas.
Durante el primer año del gobierno de Ricardo Martinelli, la Asamblea Nacional estuvo representada en la directiva del PAN por los panameñistas José Luis Varela, en calidad de principal, y Alcibiades Vásquez Velásquez como suplente.
En el acta que autorizó la compra de la máquina pinchadora no aparece la firma de ambos dirigentes del actual gobernante Partido Panameñista, por lo que se considera que no asistieron a dicha reunión de junta directiva.
Denuncia
El caso se originó en el mes de diciembre del año pasado, cuando el comisionado Rolando López, actual director del Consejo de Seguridad, presentara una denuncia por la compra indebida y posterior pérdida de la máquina pinchadora.
La denuncia fue interpuesta directamente en contra del exsecretario del Consejo de Seguridad Alejandro Garuz, quien fue la última persona que ocupó el cargo durante la administración anterior.
Desde ese momento, el caso se mantuvo estancado debido a que no aparecía la máquina y no existía una prueba idónea que pudiera sustentar la existencia de un hecho punible.
“Garuz no tiene vela en ese entierro”, Cristóbal Arboleda
Con la entrega del informe de la Contraloría, la fiscal tercera anticorrupción podría iniciar las acciones contra los que resulten responsables.
Para Cristóbal Arboleda, abogado de Garuz, su cliente no “tiene vela en ese entierro”, al argumentar que para ese entonces no fungía como director del Consejo de Seguridad ni mucho menos era miembro de la junta directiva del PAN.
Arboleda expresó que cuando Garuz llegó al Consejo de Seguridad, recibió un inventario de bienes en el cual no aparecía registro alguno de esa máquina.
Además, explicó que a Garuz nunca le fue informado que un equipo de este tipo estuviese en las instalaciones del Consejo de Seguridad.
Garuz permanece detenido en el centro penitenciario El Renacer, junto a su antecesor en el Consejo de Seguridad, Gustavo Pérez.
En contra de ambos exfuncionarios y otras dos personas existe una solicitud de llamamiento a juicio por parte de la Fiscalía Adjunta contra la Delincuencia Organizada, por el presunto delito de violación a la intimidad.
Fiscalía de Cuentas podría practicar diligencias de allanamiento
El fiscal de Cuentas, Guido Rodríguez, no descarta la práctica de diligencias de allanamiento en la investigación que inició ayer, por la supuesta lesión patrimonial por la compra millonaria de la máquina de escuchas telefónicas y de rastreo de correos electrónicos.
El informe de Contraloría, realizado por la Dirección de Investigaciones y Auditorías Forenses (Diaf), determinó irregularidades en el proceso de compra, recepción, pago y custodia del equipo, adquirido a través de fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a la empresa M.L.M. Protection LTD, de Israel, contrato que fue firmado por el entonces director de la entidad, Giacomo Tamburrelli.
Rodríguez dijo que la primera acción será la toma de declaraciones a las personas que aparecen señaladas en el informe, para luego determinar si se realizarán allanamientos y si se procede con el secuestro de bienes, facultad que también posee la fiscalía.
