La Defensoría del Pueblo admitió una queja presentada por el sacerdote de Yaviza, Luis Gonzalo Mateo, quien a nombre de varias comunidades indígenas de la provincia de Darién, denunció una supuesta negligencia en la construcción de un acueducto rural que ha puesto en peligro el derecho a la salud de los moradores del área.
Según la denuncia, debido a la falta de agua tres infantes de menos de un año murieron en octubre del 2002 en las comunidades del Río Chico, sin contar con los que murieron en otras áreas, "de una enfermedad que tiene como principales síntomas la diarrea y el vómito".
De acuerdo con la comisión que se reunió con el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada, los trabajos de construcción del acueducto rural fueron suspendidos por dos años y posteriormente se reanudaron. Pero, la empresa dejó el proyecto en las mismas condiciones que en su primera etapa, lo que mantiene sin el suministro del vital líquido a cientos de pobladores del área.
De acuerdo con el sacerdote, el Ministerio de Salud suscribió un contrato con la Compañía YAMARBA para la construcción del acueducto que suministraría el servicio de agua potable a estas comunidades, a un costo aproximado de 200 mil balboas.
Según un informe del Grupo de Médicos y Enfermeras "Cristo Sana", un 60% de las enfermedades que aquejan a los moradores de esta áreas se debe al agua que consumen. En la resolución de admisión, el Defensor del Pueblo ordenó la investigación del caso con base al Artículo 105 de la Constitución Nacional que establece como función del Estado velar por la salud de toda la población dentro del territorio nacional.
Cuando en 1983 se hicieron reformas a la Constitución y por primera vez se introdujo la revocatoria de mandato, yo le pregunté si la incluíamos en el partido panameñista, él fue de la opinión que sólo se aplicara en cosas muy graves como violaciones a la doctrina del partido o a los estatutos.
Pero se oponía a que el directorio nacional o el presidente lo decidiera. Escuché al viceministro de Educación, hijo de Julio Linares, decir que la Constitución señala que la curul pertenece al partido.
Quien dice eso es el estatuto del PRD y nosotros estamos copiándolos. Estamos copiando las cosas malas del PRD y no las cosas buenas como las primarias. En cuanto a Martín Torrijos, yo tengo una buena experiencia con él. Pertenecí a la comisión que redactó la ley de la Policía Nacional que nombró Pérez Balladares.
Encontré en todo momento que Martín era una persona muy razonable, a pesar que tuvimos opiniones distintas en algunos puntos. Pero él nunca se quiso imponer, como quizás hubiera actuado su papá.
Nunca fue así. Por el contrario tenía una paciencia tremenda para sostener sus puntos de vista. Me convenció de varios puntos porque yo consideraba que el director y el subdirector de la policía debían ser civiles, pero él me convenció que el subdirector debía pertenecer a la policía.
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