Esta semana se podría decidir el papel que desempeñará Panamá ante la Comisión Ballenera Internacional (CBI) que debe reunirse próximamente. Se espera que se conozca quién nos representará en esta cita.
Gabriel Despaigne, de la Asociación Verde de Panamá, confirmó al Panamá América, que lo que ocurra a partir de mañana será fundamental.
Lo cierto es que corresponde a la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) emitir la última palabra.
El diputado perredista Milciades Concepción, presidente de la Comisión de Ambiente, está convencido de que se debe tomar una decisión pronto, no obstante, reiteró que la posición del presidente Martín Torrijos es ser consecuente con las leyes aprobadas.
Sus declaraciones surgieron precisamente durante un conversatorio entre los miembros de Promar y la Fundación MarViva sobre la práctica del aleteo del tiburón.
Y es que hace sólo unos días el mandatario sancionó la Ley No. 3 de 5 de mayo de 2005 que declara Santuario de Ballenas las aguas marítimas jurisdiccionales de Panamá estableciendo un corredor marino.
Siendo así, Concepción cree que Panamá no faltará en la reunión de la CBI, contrario a lo que opinan algunos ecologistas, quienes aseguran que nuestro país podría simplemente no asistir al encuentro.
La experiencia del año pasado cuando la postura panameña fue ambivalente al momento de la votación, no dejó un buen recuerdo en los conservacionistas.
El representante del gobierno de la presidenta Mireya Moscoso en esa reunión votó a favor de la cacería de los cetáceos, contrario a la línea planteada por la mandataria ante la prensa.
En ese sentido, Concepción adelantó que la semana que entra sostendrán reuniones con funcionarios de la AMP para tratar no sólo este tema, sino también el de la implementación de la ley para la protección de las ballenas.
El sur de la isla de Coiba, Punta Mala, Taboga, Contadora y el Archipiélago de Las Perlas son parte de la ruta de las ballenas jorobadas hacia el sur.
Algunos conservacionistas calculan que por esta actividad Panamá podría llegar a percibir hasta 100 millones de dólares anuales.
La reunión de la CBI se celebrará en Ulsan, Corea del Sur, del 20 al 24 de junio.
La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) considera la explotación sexual comercial como un delito semejante a la esclavitud y al trabajo forzoso; reconoce el derecho de las personas menores de edad a ser protegidas contra este tipo de violencia e insta a la búsqueda, procesamiento y sanción penal de los involucrados.
Sucede que no sólo es un problema más que afecta a miles de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. En la actualidad se le considera como una de las más severas violaciones a sus derechos humanos.
La Ley 16 panameña expresa claramente que cualquier relación remunerada con menores de edad, amerita una pena de dos años de prisión.
Pero, para el abogado penalista Rafael Rodríguez, la solución del problema no se encuentra en la agudeza o aumento de las penas, sino en la transformación cultural del ciudadano, padre o madre.
Los principales perturbadores o corruptores de menores son los propios familiares de las víctimas.
