El Ministerio de Justicia de Italia confirmó a sus homólogos panameños sobre la admisión de la ampliación de la asistencia judicial, dentro del proceso por las cárceles modulares.
En esta ampliación, el procurador general de la Nación, José Ayú Prado, solicitó que se tomara declaración a Mauro Velocci sobre el supuesto giro de 40 mil dólares que recibió en octubre de 2010, a través de la cuenta bancaria de un intermediario.
Según un testigo, la transferencia fue por el monto de 63 mil dólares, de los cuales 40 mil fueron entregados en efectivo a Velocci, quien presuntamente los utilizó para cubrir sus gastos personales y no para pagar supuestos sobornos a funcionarios panameños, como él argumentó.
El dinero fue enviado a través de una transferencia bancaria desde Estados Unidos a una cuenta en Panamá, propiedad de una tercera persona vinculada a la empresa Svemark.
Este movimiento de dinero fue confirmado a través de una diligencia de inspección ocular que realizó el procurador en el banco donde se recibió el monto.
En la diligencia se pudo determinar que se emitió un cheque de 40 mil dólares que fue cambiado en efectivo para Velocci, con fecha de mediados del mes de octubre de 2010.
Dentro de la ampliación se incluyó copia autenticada de los testimonios de los testigos, de los registros bancarios y del cheque. Todos estos documentos fueron autenticados y traducidos al italiano para remitirlos al Ministerio de Justicia de Italia.
El procurador pidió en la asistencia judicial, que envió hace unas semanas, información sobre documentación relacionada con Valter Lavitola, específicamente la orden de arresto, sus formulaciones de cargos y las declaraciones de testigos y acusados, con respecto a la construcción de cuatro cárceles modulares.
PETICIONES INTERNACIONALES
- Además de esta solicitud de información a Italia, también se pidió información a Argentina, Chile, Uruguay y Brasil sobre las cuentas bancarias de Lavitola; y se giraron 50 notas dirigidas a oficinas públicas y privadas panameñas.
