Un aproximado de 231 mil dólares debe pagarle el Estado panameño al exdirector de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), Jaime Jácome, luego que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal la resolución que lo destituyó del cargo.
El fallo, cuyo magistrado ponente fue Víctor Benavides, ordena el pago de los salarios y gastos de representación, como décimo tercer mes y vacaciones, desde el 19 de marzo del 2007 que fue destituido, hasta el 17 de diciembre del 2009, que se vencía su contrato.
En cuanto a su reintegro a la entidad, el magistrado Benavides explica en el fallo que el cargo de director general de la PTJ se anuló al ser reemplazada esta entidad por la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), la cual tiene un puesto distinto.
Por lo tanto, se declaró el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.
Jácome fue destituido a través de la resolución N°10 del 19 de marzo del 2007, que ordenó la entonces procuradora General de la Nación, Ana Matilde Gómez, por considerar insubsistente su nombramiento.
Gómez basó la destitución de Jácome en la Ley N°53 del 20 de diciembre del 2006, que suspendía los efectos de dos artículos de la Ley de la PTJ, la cual facultaba al Procurador a nombrar al director y subdirector de esta entidad, capacidad que le correspondía antes a la Corte Suprema de Justicia.
