- 15 días tendrán los sujetos obligados para comunicar a la UAF sobre sospechas de blanqueo de capitales.
@PanamaAmerica
El proyecto de ley que adopta medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas hace de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) una superentidad con capacidad de investigar cualquier tipo de negocios en Panamá.
Lo más grave de estas facultades es que acabaría con el llamado secreto bancario, vinculado al régimen de sociedades anónimas.
Entidades del Estado como la Lotería y los correos deberán informar a la UAF.
Ahora, no solamente son bancos, aseguradoras, casas de valores y cooperativas los que estarán obligados a reportar transacciones sospechosas y entregar información de sus clientes, revela el documento obtenido por Panamá América.
La lista de sujetos obligados a entregar información a la UAF incorpora a la Zona Libre de Colón, fundaciones y asociaciones sin fines de lucro, empresas de transporte y construcción, la Lotería Nacional, correos y telégrafos, abogados, contadores públicos y auditores externos.
La lista de los sujetos obligados a reportar a la UAF queda abierta para cualquier empresa.
“Otras entidades y actividades que por naturaleza de sus operaciones puedan ser utilizadas para la comisión del blanqueo de capitales” también estarán obligadas a reportar, señala textualmente el proyecto de ley, aprobado el pasado martes, 10 de marzo, por el Consejo de Gabinete.
Es decir, el documento que tiene preparado el gobierno de Juan Carlos Varela obligará a todas las empresas del país a entregar información de sus clientes a la UAF, sin importar su actividad.
Fin del secreto
Pero además de ello, acaba con lo que se ha denominado el secreto bancario.
De acuerdo con el artículo 11 de la propuesta, la Unidad de Análisis Financiero podrá intercambiar con entidades homólogas de otros países información de inteligencia financiera para el análisis de la que pueda estar relacionada con el blanqueo de capitales.
Sin embargo, el mismo artículo deja abierta la posibilidad para que la UAF pueda intercambiar información con países con los que no se haya suscrito acuerdo alguno, siempre y cuando sean miembros del grupo Egmont.
Esta organización es la instancia que reúne a las unidades de inteligencia financiera del mundo.
En América, 36 países son parte del grupo, entre estos, Estados Unidos, Colombia, Argentina y Venezuela.
En Europa, 57 países son miembros de Egmont, entre ellos, Alemania, Suiza, España, Grecia y Ucrania.
Mientras, en Asia, 24 países son parte de este grupo, además de 9 naciones de Oceanía.
El pasado jueves, 12 de marzo, en la Gaceta Oficial, se publicó la resolución de Gabinete N.°27, mediante la cual se autoriza al ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia, para que proponga el proyecto de ley a la Asamblea Nacional.
Hasta ayer, todavía la iniciativa no aparecía en la página web del Órgano Legislativo.
Propuesta especifica controles para las empresas de la Zona Libre
Con el proyecto de ley contra el blanqueo de capitales, las empresas que operan en la Zona Libre de Colón deberán detallar en las transacciones que realicen el país del exportador, puerto de embarque, importador, país del importador, puerto de desembarque y la razonabilidad de que los participantes guardan relación con el producto comercializado, así como el verdadero origen del producto y del beneficiario final.
Además, deberán conocer la procedencia de los pagos que reciben en efectivo y en formato que el organismo de supervisión defina con la UAF, así como identificar al cliente o la tercera persona que realiza el pago de los productos vendidos.
Las empresas deberán abstenerse de hacer operaciones con contrapartes que estén relacionadas con el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, además de reportar a la UAF cualquier sospecha en este sentido.
