Una investigación realizada por El Panamá América en las principales áreas donde funcionan bandas armadas, estableció que los menores que cometen delitos con armas de fuego son catalogados inmediatamente como sicarios. Estos muchachos están dispuestos a matar a cualquier persona por tarifas de entre 50 y 100 balboas.
Gran parte de ellos, además, están en el uso de drogas, preferentemente crac y éxtasis, y pertenecen a bandas, lo que hace la situación más critica. Antes de cumplir su macabro encargo consumen drogas en dosis que los embrutece y los convierte en seres despiadados, que no escuchan las súplicas de las víctimas, como sucedió en el caso de jefe regional de Aduanas de Colón, Aquiles García, quien fue acribillado a balazos.
Las armas que utilizan estos menores para cometer sus fechorías son las pistolas calibre 38 y 9 milímetros, proporcionadas en algunos casos por los propios familiares, pero en la mayoría de las situaciones son armas que se sustraen o roban a guardias de seguridad, en complicidad con una mujer.
En este caso la mujer hace el papel principal, ya que llega, aborda al guardia de seguridad, le hace romance y luego los menores le roban el arma.
Estas armas, de acuerdo a las investigaciones policiales, son usadas en colectivo por los miembros de la banda o pandilla. Cuando uno de los jóvenes sicarios cumple la misión, se la presta al otro y siempre hay uno que cuida el arma, pero rota de mano en mano y así todos los que pertenecen a la banda las usan.
De los más de 30 mil delitos cometidos durante el año pasado, una gran cantidad, todavía no fijada con estadísticas rigurosas, son atribuidos a menores, lo que indica que cada día el problema de jóvenes con armas de fuego se profundiza.
Y es que de acuerdo a las estadísticas, existen más de 600 panameños mayores de edad que están impedidos de hacer una vida corriente a causa de heridas y lesiones, producto de agresiones de menores, causadas con armas de fuego.
Para las autoridades que tienen que ver con la seguridad del país, el problema se torna más preocupante, cuando la situación que hace algún tiempo se circunscribía a sectores específicos ya comienza a expandirse a otras áreas del país que no mostraban hechos de delincuencia juvenil.
El agente de seguridad Escolástico Robles miró la hora mientras caminaba por la esquina de la agencia bancaria que custodia diariamente. Faltaban diez minutos para las nueve de la noche y no demoraría en llegar el colega de relevo. Cuando iniciaba la caminata de regreso le salió al paso entre las sombras una morena enfundada en un jean azul añil, ombligo al descubierto, agitando los rulos del peinado african look.
Escolástico estuvo a punto de perder el ritmo cuando vio y oyó la voz de la muchacha. Ella le pidió la hora y siguió haciéndole conversación con voz susurrante. De pronto cesó el arrobamiento del agente. Sintió sobre los riñones la punta de una pistola. Transformándose por completo, la mujer le exigió con una voz imperiosa le entregara el arma, al tiempo que apareció un sujeto a las espaldas del seguridad que le cogió el cuello. Se trataba de un nuevo robo de armas.
Este es uno de los muchos y frecuentes episodios de robos de armas a los agentes de seguridad que a veces no se reportan, no obstante, que el destino trágico de revólveres y escopetas de cañón corto es desembocar en el mercado negro que abastece a los menores de edad convertidos en sicarios o en asesinos de ocasión. ¿Qué hacen las autoridades para frenar la ola de crímenes cometidos por menores de edad?
Pocos evaden decir que la situación de menores con armas es crítica y preocupante. "Los jóvenes están haciendo sus fechorías y da pena decirlo, pero no hay autoridad que pueda frenar el problema, por lo cual se debe buscar la forma de solucionar esta situación antes que sea incontrolable", afirmó el corregidor de El Chorrillo, Edison Asprilla, uno de los barrios donde el problema alcanza una elevación continua.
Hay abogados penalistas que sostienen que las estructuras legales existentes no se están cumpliendo cabalmente o que no funcionan en materia de menores, porque la situación parece agravarse cada día más, pues los sicarios menores de edad no reciben drásticos castigos como los mayores.
De acuerdo con el corregidor de El Chorrillo, el Ministerio de la Juventud la Mujer la Niñez y la Familia debe jugar su papel, pues no puede ser posible que haya niños de 8 a 13 años que no asistan a la escuela y esta entidad debe realizar un censo y obligarles a ir a clases, ya que existen normas para ello.
En respuesta al corregidor de El Chorrillo, Oscar Monteza Hernández, psicólogo del Instituto de Estudios Interdisciplinarios del Ministerio de la Juventud, asevera que el problema de los menores con armas es el producto de una cultura que se le transmite al adolescente desde niño a través del juego, los medios de comunicación, el ambiente en el cual el se desarrolla y el contacto que tenga con estos grupos, así como la oferta de dinero que se les hace.
Subraya que "tenemos adolescentes que crecen en este tipo de ambiente, el cual reproducirá en el mismo contexto social, pero en otro de edad.
Aduce el funcionario que los menores armados son niños que no han tenido un espacio social donde desarrollar otros valores, donde la violencia y el uso de armas es el común denominador diario. Todo parece indicar que los escenarios convertidos en campos de tiro, donde se venden, alquilan y prestan armas a los jóvenes, son aquellas comunidades donde las condiciones sociales y económicas son críticas. Hablamos de Curundú, El Chorrillo, San Joaquín, y en algunas áreas del interior donde se reproducen estos problemas, como Arraiján, donde el arma de fuego está sustituyendo a las otras formas de enfrentar conflictos de pandillas como en los tiempos de antes, en que las disputas se arreglaban a puños.
De acuerdo a las autoridades de policía existen otros elementos que inciden en la delincuencia de menores , como lo es el hecho de que ahora los padres son irrespetados por los hijos y que la juventud se ve super protegida por leyes que han demostrado tener poca efectividad para contener la situación.
Tal como lo señala el corregidor de Curundú, el futuro de estos menores tiene solo dos caminos: la cárcel o el cementerio. Y es que sus propios familiares, en vez de corregirlos, lo que hacen a menudo es acuerpar estas acciones, y así los menores se ven extraviados en un callejón sin salida.
Es por esta razón "que antes de analizar el endurecimiento de las leyes de los menores, hay que castigar a los padres que saben que sus hijos están en estas acciones y aplauden los crímenes, afirmó el corregidor de Curundú.
Por otro lado, increpó a la policía de menores , que en su criterio, debe estar más en la calle haciendo su rondas para prevenir el delito y no esperar que les lleven los casos, como esta ocurriendo.
