- 31 de diciembre es la fecha más cercana de finalización de periodos, para la contralora y la procuradora de la nación.
Los verdaderos retos y prioridades para el presidente entrante
- La persecución o revancha política no entra en una agenda de prioridades que deba asumir el presidente electo.
- En un comunicado enviado ayer por la Cámara de Comercio, el presidente de este gremio, José Luis Ford, destaca que el nuevo presidente, así como todas las autoridades electas, deben enfocarse “en la implementación de políticas públicas que promuevan el engrandecimiento y desarrollo económico, social y político del país”. Y esto parte de la premisa de que es importante la continuidad de los proyectos iniciados. Agrega Ford: “Quienes han recibido el mandato de dirigir el país a partir del 1 de julio, por los próximos cinco años, tienen que procurar un compromiso de política integral que permita ejecutar una agenda de estado... en donde se dé continuidad a los proyectos emprendidos que han demostrado un impacto positivo”. Y en este sentido -continúa el comunicado- es imperativo “profesionalizar al servidor público y establecer una política de rendición de cuentas”.
En una acción considerada por juristas como una intromisión de un órgano del Estado en otro, el presidente electo, Juan Carlos Varela, solicitó ayer la renuncia del magistrado presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Ayú Prado.
La petición de Varela se da horas después de haber logrado el apoyo popular arropado con la bandera de la promesa de un gobierno de conciliación y de respecto a las leyes.
En declaraciones a TVN, Varela, además de a Ayú Prado, pidió la renuncia de otros funcionarios designados por un periodo fijo.
Dijo que pedirá la renuncia de la procuradora general, Ana Belfon, de la contralora general, Gioconda de Bianchini, y del fiscal electoral, Eduardo Peñaloza, bajo el argumento de que sus gestiones han sido cuestionadas por diversos sectores.
Incluso les puso fecha de cumpleaños: “No deben estar en sus puestos el 1 de julio de 2014 (cuando asume su gobierno)”.
Inconstitucional
“De partida, esta aseveración de voluntad es inconstitucional. La única instancia con facultad para esto, y cumpliendo un procedimiento previo, es la Administración de Justicia. De modo que lo que impera es que los funcionarios cumplan con su periodo”, afirmó el jurista Ernesto Cedeño.
Cabe destacar que estos tres funcionarios fueron designados por el presidente de la República, Ricardo Martinelli, y ratificados, como establece la ley, por la Asamblea Nacional.
El fiscal general electoral, Eduardo Peñaloza, fue designado hasta 2018.
Y en cuanto a la contralora y la procuradora general, el artículo 279 de la Constitución establece que sus nombramientos entran en función a partir del 1 de enero después de iniciado cada periodo presidencial.
“Yo estoy en total desacuerdo con que se pida la renuncia a funcionarios nombrados por periodos fijos. Ahora bien, si alguien considera que alguno de estos funcionarios no cumple con su deber, que presente la denuncia pertinente, y que la Corte Suprema de Justicia actúe..., así es como se procede en Estado de derecho”, sentenció Cedeño.
El propio presidente Martinelli también hizo un recordatorio (útil también para Varela): “Atentar contra la institucionalidad del Estado es llamar a funcionarios de otros órganos del Estado y pedirles la renuncia”.
Transición
En tanto, el diputado reelecto por el partido Cambio Democrático José Muñoz coincidió en que los funcionarios de todos los niveles deben estar dispuestos a dar rendimiento de cuentas. “Pero eso de que si me caes bien, te quedas, y si no, te vas, no aplica. Por encima de todo, debe imperar el respeto al derecho”, dijo Muñoz. De modo que las declaraciones del presidente electo, en este sentido, se antojan imprudentes y perjudiciales para una transición sin sobresaltos. “Estos tres funcionarios en ejercicio son los más indicados para participar de una transición con los que sean designados en su momento”, concluyó Ernesto Cedeño.
El exmagistrado Edgardo Molino Mola le recordó a Varela que él tiene la fuerza moral que le ha dado el espaldarazo del pueblo, “mas no la fuerza legal” para pedir estas renuncias.
