Los pensionados, jubilados y miembros de la Tercera Edad esperan que se introduzcan modificaciones a la Ley 13 de julio de 1992, a fin de que el descuento del 25% en las tarifas de agua, electricidad y teléfonos se haga sentir entre sus afiliados, señaló Ricaurter Chiari, miembro del comité directivo del Fondo de Jubilados y Pensionados (FEJUPEN).
Chiari indicó que a raíz de la privatización de los servicios de telefonía y electricidad el descuento ordenado por la Ley 15 dejó de tener un efecto positivo en las finanzas de quienes ya cumplieron con el país.
Señaló que cuando existía el INTEL, se aplicaba el descuento del 25% a la tarifa fija, pero no se cobraban las llamadas locales o urbanas, a diferencia de ahora, con la empresa Cable and Wireless, ya que aunque los pensionados y jubilados reciben el descuento en las tres tarifas básicas, ese beneficio se pierde en el pago de las llamadas locales.
Dijo que ese descuento, "entre comillas", en la forma en que se está aplicando no beneficia en nada a los jubilados, porque estamos pagando como los demás clientes.
También recordó que en el caso de la energía eléctrica, los pensionados y jubilados reciben el descuento sólo cuando la tarifa de energía es de B/.50 o menos.
Denunció que cuando la cuenta de la energía eléctrica es de B/.50 y un centésimo hacia arriba, las empresas eléctricas inmediatamente suspenden el derecho al descuento, lo que a juicio de Chiari, merece que se haga una revisión a la ley para interpretar correctamente la ley.
Chiari expresó que el descuento del 25% se debe mantener hasta los B/.50 y si el cliente sobrepasa esa suma, entonces se le aplicará una tarifa normal, pero no es justo que al sobrepasar esta suma se pierda el derecho al descuento.
También consideró que la cláusula que se refiere al descuento en el servicio de agua, no es justo, porque ese beneficio sólo se aplica cuando la cuenta es inferior a los B/.10, afirmó.
Sobre las posibles reformas en la Ley, Chiari recordó que la legisladora Balbina Herrera tiene interés en un proyecto dirigido en este sentido, sin embargo, expresó que no ha tenido contactos con la parlamentaria para exponer el punto de vista de los pensionados y jubilados en este proyecto.
Por otro lado, reclamó una modificación al procedimiento utilizado por la institución para la compra de medicinas, debido a que de acuerdo a la Ley 56 del 27 de diciembre de 1995, el proceso de adquisición de medicamentos es similar para la obtención de otro tipo de bienes y servicios.
