El secretario general de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Cuestas, aseguró ayer que los jueces tienen miedo y son muy blandos al momento de aplicar sanciones a los abogados que deliberadamente suspenden, de forma reiterada, las audiencias para dilatar los procesos judiciales.
Cuestas dijo que existen casos de audiencias suspendidas hasta en siete ocasiones consecutivas y los jueces no toman los correctivos necesarios para hacer cumplir la ley, mientras los abogados utilizan estas tretas para burlarse de la administración de justicia.
El funcionario cuestionó duramente la actitud de los jueces que por temor actúan de manera blanda al momento de sancionar a los abogados que incumplen con las normas éticas, al simular enfermedades o situaciones para no acudir a las audiencias.
Aseguró que existe una disposición en donde se establece que una audiencia sólo puede ser suspendida en una ocasión con causa justificada y en la siguiente el juez está en la obligación de designar a un defensor de oficio para que supla al abogado titular.
Para el funcionario judicial los jueces en algunas ocasiones son muy "blandos" en castigar a quienes infringen la ley y que ya en una ocasión se efectuó una reunión en donde se les señaló esta situación, pero han vuelto a incurrir en la misma situación.
Dijo que otro mecanismo para la dilatación de los procesos judiciales, además de los certificados médicos, lo es la sustitución de los poderes. Agregó que el cambio de abogado es una técnica muy usadza por quienes no quieren enfrentar la acción de la justicia.
Aseguró que los abogados faltan a la lealtad procesal al echar mano de estas estrategias para dilatar los procesos y buscar la prescripción de los delitos. Sostuvo que esto contribuye al aumento de la denominada mora judicial.
Planteó que el abogado que sea sorprendido cometiendo este tipo de prácticas debe ser multado por el juez y si reincide en estas acciones, existen sanciones que pueden alcanzar incluso la suspensión de la licencia por un período de tiempo.
Recientemente se promulgó en la Gaceta Oficial una reforma al Código Penal y el Código Judicial en donde se sanciona a los abogados que dilaten intencionalmente los procesos legales, mediante el uso de tecnicismos.