AQUEL QUE camina frente a las viejas barracas de la ciudad capital no imagina, tal vez, que muchos de los que allí viven alcanzan ingresos mensuales de hasta B/. 1,000, así lo dieron a conocer autoridades del Ministerio de Vivienda.
Virginia Miranda, directora Nacional de Desarrollo Social del MIVI, dijo que los estudios socioeconómicos efectuados a la fecha demuestran que algunas de las familias tienen ingresos por debajo de B/. 300, pero no son todos.
Miranda fue clara en asegurar que los censos a las familias residentes en estos inmuebles dan a conocer que el que vivan en casas condenadas no quiere decir que no puedan sufragar sus servicios básicos.
Precisamente el MIVI afronta anualmente el pago de B/. 394,732.39 en concepto de luz y agua. A esa cifra hay que añadir las pensiones, villas comunitarias y las 25 casas condenadas demolidas.
Lo que se encontró dentro de estas casas es sorprendente: acondicionadores de aires y equipos eléctricos. Lo contradictorio es que, tal como se dijo, el Gobierno subsidia el pago de la energía eléctrica.
Y es que lo que alguna vez fue una solución temporal, se ha convertido en una "casa para siempre".
El déficit habitacional en el país alcanza la cifra de 200 mil viviendas, según la titular del MIVI, Balbina Herrera.
Durante este Gobierno se han demolido 25 casas condenadas.
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De igual manera le hicieron un reconocimiento al periodista Henry Cárdenas, de este diario, por su aporte en la divulgación del béisbol menor.
"Juega vivo" en casas condenadas
El Gobierno paga casi B/.400 mil cada año en subsidio de consumo de agua y luz a los que habitan en estas casas.
