La querella que originó la apertura de un proceso penal al juez Séptimo de Circuito, Felipe Fuentes, fue interpuesta por la abogada María Córdoba Chen el 27 de octubre de 2000, por el presunto delito de extralimitación de funciones y abuso de autoridad en perjuicio de la Sociedad Administración y Reformas S.A.
La abogada afirmó que el juez acusado tuvo el expediente detenido incurriendo en una morosidad de más de tres meses.
En un análisis de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Fuentes explica que el 12 de febrero de 1998, la juez Séptima de Circuito Ileana Turner ordenó la devolución de los bienes en disputa. Dos motores fuera de borda cuya custodia, le fue concedida a Eduardo Márquez.
Posteriormente en agosto de 1998, el nuevo juez Séptimo, Raúl Olmos, se pronunció sobre el desacato cometido por el administrador judicial Márquez, quien había violado el término acordado de entrega de los motores, por lo que se solicitó fueran puestos a órdenes de este despacho, girándose una notificación de conducción por parte de la Policía Nacional y la Policía Técnica Judicial para que Márquez como depositario judicial concurriera ante el Juzgado Séptimo y entregara los bienes.
La resolución señala que transcurrido un año, en junio de 1999 en el puesto el juez Fuentes concedió 15 días más a Márquez para que hiciera entrega de los bienes. La querellante sustentó que el juez actuó en una comisión ilegal, mientras que el funcionario judicial fue citado a la fiscalía Primera Anticorrupción a rendir declaración jurada por presunto abuso de autoridad.
En un fallo de la Sala Segunda de lo Penal revocó la nulidad y el archivo del proceso efectuado por el Segundo Tribunal de Justicia y decidió llamar a responder penalmente al juez Fuentes.
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