El fiscal tercero superior, Rolando Rodríguez, solicitó el llamamiento a juicio de los empresarios Ahmad Hassan Waked Sati, Alí Hassan Waked Sati y de otras cinco personas sindicadas por el homicidio del comerciante Suresh Valiran Mirani, ocurrido el 28 de septiembre de 1999 en el Corredor Norte.
De acuerdo con las sumarias instruidas por la fiscalía, Ahmad Hassan Waked Sati y Alí Hassan Waked Sati contrataron a un grupo de personas en Colombia para secuestrar a Valiran Mirani, quien les adeudaba la suma B/.4 millones.
Según el expediente, para cometer el plagio se contrató a Moahameth Tak Tak Alcala, Lail Musa Yazda, Said Ahmad Mamun, Jaime Alberto Vélez y a Miguel Angel Ramírez Benavides, quienes entraron ilegalmente al país procedentes de Colombia y Venezuela.
Trascendió que tras su ingreso a Panamá, los ejecutores materiales del secuestro adquirieron una residencia en el área de Buena Vista, Colón; también compraron chalecos de policías de Tránsito y conos para simular un retén policial.
A la vez intentaron alquilar una embarcación que llevaría a la víctima hacia Colombia, en donde permanecería retenida hasta que se pagara el rescate. Además alquilaron varios automóviles para su movilización.
La fiscalía aportó como prueba dentro de la investigación una carta suscrita por el libanés Lail Musa Yazda, residente en Colombia e investigado en este caso, quien aseguró haber recibido una propuesta para participar en el atentado contra Suresh Valiran Mirani.
En la misiva se establece que se le informó de la existencia de una deuda de B/.4 millones que Valiran Mirani mantenía con Waked Sati y que éste incluso había pagado B/.25,000 a una persona para ejecutar la operación, en donde se le daría un susto a Mirani, debido a que se resistía a cancelar por las buenas.
También en su declaración Yazda indica que incluso se le presentó un pasaporte falso venezolano que se le sacó a Waked Sati y que tuvo un costo de B/.5,000. Además señala que esta información puede ser corroborada.
Por su parte, la defensa de Waked Sati presentó una carta de Fehmi El Hage Hammoud, quien en su declaración sostiene que su representando se encontraba en el Líbano para los meses de mayo a octubre de 1999 y que éste contrajo nupcias en ese país el 9 de octubre de ese año.
Panamá está en competencia con otros países y tiene que ofrecer las mejores condiciones. Esto podría resultar en inversiones mucho más amplias y dinámicas.
EPA: Sobre las instituciones que tienen que ver con la entrada de personas al país, hay denuncias de que el nepotismo afecta su función, como por ejemplo Migración, Aduanas y la Policía. ¿Qué opina de esta situación?
FB: Lo importante es que el gobierno tenga vigilancia constante para fiscalizar y regular la entrada de personas. Necesita una política sobre el tipo de personas que Panamá quiere atraer y qué tipo quiere excluir.
Francamente nosotros estamos disfrutando de una colaboración con la directora de Migración (Ilka de Barés, esposa del director de la Policía, Carlos Barés) mejor que todos sus "antecedentes" (anteriores).
Ella está poniendo en marcha algunos reglamentos y procedimientos que favorecen la vigilancia y los controles. Hay que enfatizar que este tipo de controles son medidas para proteger la independencia, la seguridad y la soberanía de Panamá.
Nosotros estamos colaborando con ella en la implementación de sus planes. Había muchos problemas en el pasado bastante reciente (en lo que se refiere) a la vigilancia. Los problemas no desaparecen con los nombramientos de un nuevo director, porque es un proceso. Nosotros estamos enfrentando un proceso en Estados Unidos para establecer una política de balance porque queremos atraer a turistas, empresarios, a través de un sistema de Migración y a la vez bloquear la entrada de terroristas, criminales y otros no deseables. Hay que establecer una política muy fina para discriminar. Nosotros reconocemos que en esta lucha grande contra el terrorismo internacional necesitamos la colaboración fuera de nuestras fronteras y por eso prestamos mucha atención al nivel de vigilancia a un país como Panamá con todas sus rutas aéreas, marítimas y terrestres que podrían abrir las puertas hacia Estados Unidos.
EPA: ¿Los planes de capacitación de la Fuerza Pública se han incrementado después de los atentados del 11 de septiembre?
FB: Me alegra mucho que desde el 11 de septiembre hemos recibido la plena colaboración del gobierno de Panamá y el apoyo y solidaridad de los panameños. Hemos recibido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero y la Superintendencia de Bancos en la investigación del financiamiento del narcoterrorismo, usando la ley contra el blanqueo de capitales. La amenaza es grande y los recursos son pocos para hacer un esfuerzo efectivo. La presidenta me dijo varias veces que la misma amenaza de Estados Unidos amenaza a la economía y al Estado panameño.
Estamos en estos momentos elaborando con Panamá y la Autoridad Marítima un gran plan de ampliar la seguridad de los puertos y las vías marítimas. Los ataques del 11 de septiembre fueron por avión, pero es muy posible que los próximos podrían ser a través de las vías marítimas y por eso la vigilancia de los puertos. El Canal de Panamá podría ser la próxima área de énfasis.
EPA: Ha habido un cuestinamiento a la Fuerza Pública sobre el incremento de violencia y ola de crímenes, incluso por parte de la misma Iglesia. ¿Cree usted que el presupuesto y la cantidad de agentes son suficientes para enfrentar la ola de violencia?
FB: La responsabilidad de garantizar la seguridad personal de cada panameño corresponde sólo parcialmente a la Policía, porque las raíces de la violencia son la pobreza y el desempleo que la Policía no puede resolver. La parte de las deficiencias en el sistema judicial no es responsabilidad de la Policía. Se necesita una fuerte educación cívica y la Iglesia podría jugar su papel y también las escuelas del país podrían contribuir. La solución de los problemas de violencia es la responsabilidad de muchas instituciones, algunas del Estado y otras de la sociedad civil, y todas necesitan los recursos para elaborar programas que solucionarían el problema de violencia. Ojalá que una recuperación de la economía mundial pueda mejorar la situación, pero Panamá no debe esperar a un cambio grande en el dinamismo en la economía mundial. Debe tomar la iniciativa durante esta época más baja de la economía para enfrentar problemas de violencia.
Estados Unidos está ayudando en algunas áreas. Tenemos más de 100 voluntarios del Cuerpo de Paz en varios distritos en el interior, trabajando con los campesinos. Tenemos un proyecto de colaboración con la Corte Suprema de Justicia para renovar la administración de justicia, mejorar su transparencia, apoyo a los fiscales para investigar los crímenes, además de los programas para fortalecer la Fuerza Pública y el programa Nuevos Horizontes que comenzará en Chiriquí en enero próximo, para mejorar la calidad de vida de los pueblos con escuelas, clínicas y carreteras.
EPA: En Panamá hay 72 periodistas demandados por calumnia e injuria. ¿Cree usted que hay una verdadera libertad de expresión?
FB: En Panamá hay una libertad amplia. La ley permite que un periodista puede ser enjuiciado por calumnia o por criticar a funcionarios del gobierno. Cualquier sociedad tiene que hacer su propio balance entre la libertad y el libertinaje. No son absolutos. Hay muchas críticas del profesionalismo del periodista, pero éste debe disfrutar del derecho para obtener la información del gobierno, para investigar actos de corrupción y para criticar a los funcionarios.
Como el funcionario más alto de Estados Unidos aquí, yo he recibido varias criticas. En mi país son sanciones civiles y no penales. Hay remedios en los casos de calumnia, pero su solución es por otra vía.
Yo creo que los ciudadanos tienen derecho de conocer los compromisos que hace su gobierno. No es factible que todos los medios de comunicación participen junto con el gobierno en cada paso de negociación. Al fin del día, los ciudadanos podrían juzgar si sus gobernantes están tomando las decisiones correctas.
Hay muchos acuerdos que yo he firmado durante mi permanencia aquí. Creo que la mayoría de los panameños están dispuestos a favorecer los compromisos que han hecho los gobiernos de EU y Panamá. Sé que la opinión de los medios de comunicación es algo diferente. Realmente hay dos audiencias distintas "y no es necesario que los medios representen a la opinión pública".
EPA: Cuando EU administraba el Canal, por su propia reglamentación, no podía desarrollar las áreas adyacentes a la vía acuática. Panamá lo esta haciendo ahora. ¿Cómo cree usted que lo está haciendo?
FB: Esta vía marítima está en muy buenas manos. Ha habido un cambio en la filosofía, porque la administración está mucho más interesada en la competitividad, la comercialización y en la rentabilidad del Canal. Por esto tiene planes muy amplios para su expansión. Al lado, tiene una responsabilidad que no tenía Estados Unidos: Proteger la cuenca hidrográfica.
También la Autoridad del Canal tiene que buscar el apoyo de otras entidades. En esa materia está actuando bien técnicamente y está aprendiendo y aplicando sus conocimientos tanto en los asuntos técnicos como políticos. Hoy no es sólo un cuerpo de ingenieros que opera el Canal, hoy Panamá tiene que estar más consciente de las fuerzas políticas, sociales y económicas que operan en todo el país. Es un reto grande.
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