La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura busca poner orden a las empresas y profesionales de estas ramas, que a pesar de estar laborando en diversos proyectos no se registran ante este organismo y busca poner un alto a la gran cantidad de contratos de personal extranjero en algunos proyectos.
En Gaceta Oficial publicada ayer y mediante resolución del Ministerio de Obras Públicas, la Junta Técnica reglamentó la participación de empresas en los actos públicos, para la contratación de obras de ingeniería y arquitectura.
En la norma se estableció que para ejercer en el territorio de la República de Panamá las profesiones de ingenieros y arquitectos y las actividades propias de los agrimensores y maestros de obras se requiere poseer certificado de idoneidad emitido por la Junta Técnica.
El organismo estableció también que puede permitirse la contratación de profesionales extranjeros en el campo de la ingeniería y la arquitectura con fines limitados a dichas especializaciones, siempre y cuando se compruebe ante la Junta que no hay profesionales idóneos para prestar tales servicios.
De acuerdo con el presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, Carlos Penna, la reglamentación surge debido a que hay muchos arquitectos e ingenieros extranjeros que están trabajando en proyectos de construcción, sin demostrar su idoneidad ante esta organización, poniendo así en peligro la seguridad de los panameños que visitan estas infraestructuras.
Explicó que la ley establece que un 10 a 15% del personal de estas construcciones puede trabajar, siempre y cuando a través de los consulados panameños en su país de origen, demuestren que son idóneos en su país. También aseguró que en estos proyectos se tiene que demostrar que en Panamá no hay profesionales requeridos que puedan hacer este trabajo.
Sucre y los directivos de MarViva se sienten satisfechos con lo que está siendo estudiado en estos momentos, aunque reconocen que "la pesadilla de todo lo anterior los lleva a acercarse con gran cautela al segundo debate porque es un año político y el nivel de atención de los legisladores es mucho más bajo que hace unos meses". Es un proyecto complicado, admite Sucre, pero el éxito está en los detalles.
Esta vez no quieren sorpresas, por lo que puntos como la pesca han tornado aún más delicadas las discusiones.
"Debe quedar claro que la idea no es prohibir la pesca en la región", advierte la abogada Maité González, de MarViva, quien ha seguido de cerca el proyecto.
Al respecto, señala que la norma que regula en Panamá la pesca es un decreto de 1959 en el que no se habla de pesca artesanal sino de subsistencia e industrial.
La primera implica una actividad económica en menor escala que la industrial, en ella el pescador comerciará el resultado, mientras que la de subsistencia es aquella cuyo producto es para el consumo de un día en una familia.
Contrario a lo que se piensa, aclara González, la norma garantizará la pesca artesanal, sujeta a restricciones que vienen dadas en el plan de manejo con fundamentos en criterios técnicos, donde incluso se define cada categoría.
Al hablar de artesanal se mencionan aparejos como mallas, redes y se diferencia de la de subsistencia por las dimensiones del barco, entre otros aspectos.
Por su parte, Sucre añade que varios estudios han demostrado que la reservas marinas bien protegidas son garantía de buena pesca para los mares vecinos y "es eso lo que intentamos".
La pesca indiscriminada está limitando la capacidad de los lugareños de sostener su forma de vida indefinidamente porque significa que "acabando ahorita con las especies que ellos pescan, en un futuro no muy lejano se habrá extinguido su forma tradicional de sobrevivencia".
Gian Castillero, directivo de MarViva, coincide plenamente con Sucre y reitera "lo que se quiere es regular la pesca y no prohibirla por completo".
Esta llamada "versión consensuada", subraya Castillero, si habla de prohibiciones cuando se refiere a la construcción de infraestructruras de alto impacto. Sólo se permitirán las de bajo impacto relacionadas con actividades de ecoturismo e investigación científica, según se indique en el plan de manejo".
Esas edificaciones implicarían mano de obra local. Es allí donde entrarían los pescadores de las zonas cercanas a Coiba que son áreas tradicionalmente pobres: Bahía Honda, Puerto Vidal y Pixvae, por ejemplo.
"Esta gente ha ido abandonando su pueblo. Para el censo de 1990 había el doble de habitantes en estos sectores que para el 2000. Si eso está ocurriendo en un distrito costero quiere decir que las condiciones son muy malas".
Es por ello que el desarrollo de las costas incrementaría el número de empleos y "podría venderse al turista la cultura y tradiciones de los pobladores".
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