Las deficiencias y la supuesta violación al debido proceso fueron las principales armas de la defensa de Edwin Courtney y Miguel Ángel Gamboa, imputados por el asesinato del fotógrafo del diario El Siglo Eliécer Santamaría.
La defensa de Courtney, a cargo del abogado Martín Caicedo, durante la fase de alegatos apuntó a cuestionar la falta de práctica de pruebas por parte de la Fiscalía Primera Superior dentro del expediente.
Caicedo calificó de grave el hecho de que la Fiscalía no procediera a cotejar 16 cabellos humanos y cuatro huellas dactilares encontradas dentro del taxi que conducía Santamaría con los sospechosos del crimen y la propia víctima.
Según el jurista, en el expediente no existe prueba científica que vincule a su defendido con el hecho.
Por su parte, Clementina Rodríguez, abogada de Gamboa, fue más allá y manifestó al jurado de conciencia -compuesto por seis mujeres y un hombre- que el expediente que habían levantado contra su cliente tenía vicios de nulidad. Entre los cuales citó que la fiscal Geomara Guerra de Jones, en su vista fiscal, solicitó el llamamiento a juicio de Gamboa y de Courtney tipificando la acción delictiva con el Código Penal vigente y no con el Código Penal de 1982, el cual regía al momento que se cometió el hecho punible. Finalizados los alegatos, el jurado entró a deliberar su veredicto hasta altas horas de la noche.
