Un jurado de conciencia, compuesto por cuatro mujeres y tres hombres, declaró inocentes a cuatro sindicados por el homicidio de los agentes de seguridad municipales, Arturo Rodríguez y Euribíades Hernández, perpetrado en febrero del 2001 durante un robo a un camión de la institución.
El fiscal Rolando Rodríguez, quien tuvo a cargo la representación del Ministerio Público, reveló que la decisión del jurado se fundamentó en la existencia de una duda razonable en cuanto a la responsabilidad de los sindicados, tras encontrar inconsistencias en algunos informes elaborados por la Policía Técnica Judicial.
Aseguró que la decisión del jurado también estuvo influida por la presentación de una certificación en donde se establecía que uno de los sindicados se encontraba en un juzgado nocturno cuando se produjo el homicidio. Alegó que esta decisión debe ser respetada y que no promoverá un recurso de revisión ante la Sala Penal.
Tras la decisión del jurado, el Segundo Tribunal de Justicia ordenó la inmediata libertad de Pablo Rosales, Luis Hernández Santamaría, Néstor Urriola y Alfonso Chen Gutiérrez, quienes permanecieron por más de 30 meses en prisión.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que esta medida dilata el inicio de la descapitalización aproximadamente por 7 años. También recomiendan evaluar un aumento en la cuota obrero patronal (dirigida al Programa IVM) entre 2 y 3%.
En lo que respecta al aporte de la administración, el Gobierno plantea en su propuesta, realizar aportes tanto en sus ingresos (mejorarlos) como en sus gastos (reducirlos), contrario al desempeño actual. Para efectos del análisis cuantitativo-que los ingresos del Programa IVM mejorarán en función del aumento en el rendimiento de las reservas del Programa.
Igualmente, recomiendan evaluar la extensión del número de años requeridos de cotización de 15 a 25-30 años, además de analizar la extensión del número de años para calcular el promedio de salario-base para el cálculo de la jubilación-de 7 a 15-20 años y vender activos improductivos que no generan un rendimiento líquido al Programa IVM.
Revisar la estructura de los aportes del Trabajador y Patrono, en su totalidad, con el objetivo de enfocar el aporte del Patrono a la salud del trabajador, y enfocar el aporte del Trabajador en su jubilación e implementar un plan de contención del gasto que represente un ahorro de entre 5 y 10% del gasto presupuestado.
Los obreros, también han presentado un plan para mejorar las finanzas de la CSS. En este sentido, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CoNATO) presentó una propuesta en donde plantea el incremento de la cuota obrero-patronal del actual 9.5% de los salarios básicos en tres puntos porcentuales, que sería cubierto por la parte patronal. Esta agrupación también considera oportuno transferir el superávit del Programa de Administración al de IVM y traspasar las acciones de las empresas privatizadas y terrenos de las áreas revertidas.
Según las proyecciones de CoNATO, la propuesta ayudará a recaudar más de 630 millones de dólares anuales en la CSS, por lo que en cinco años se eliminaría el déficit actuarial, estimado en 2,465 millones. Estas propuestas se analizaron en la mesa del Diálogo Nacional por el Seguro Social, pero no alcanzaron el consenso.
Establecen transferir el capital por parte del Estado equivalente al déficit actuarial (pago de la deuda), o sea el traspaso inmediato al patrimonio del programa de pensiones de activos fijos ubicados en las áreas revertidas, las acciones de las empresas privatizadas, las cuales no podrán ser vendidas o cedidas a terceros. Plantean el pago de la deuda del Gobierno a la CSS, penalizar la evasión y retención de cuotas de los patronos y exonerar a la institución del pago del Impuesto de Transferencia Bienes Muebles y Servicios (ITBMS).
El ex ministro de Economía, Guillermo Chapman, enfatizó en su último análisis de la CSS, que un sistema mixto que combine el reparto, con el de cuentas individuales, sería la mejor alternativa para evitar el resquebrajamiento del sistema de seguridad social.
El sistema mixto, que fue el modelo que se acogió en Argentina en 1994 y Uruguay en 1996, implicaría menos ajustes por aumento de aportes o reducción de beneficios que la reforma del sistema de reparto. Tiene además un elemento de solidaridad adicional o impuesto a los cotizantes de mayor ingreso al reducir la pensión máxima.
De acuerdo con Chapman, la alternativa más viable es la aplicación del sistema mixto, en donde se conjugaría el esquema de reparto y sistema de Capitalización Plena Individual (CPI). El sistema de reparto se reformaría para lograr su sostenibilidad financiera, con el incremento de las cuotas, aumento de la edad de jubilación y mayor tiempo en el sistema.
El CPI se basa en una cotización definida por el asegurado, que se aporta en una cuota individual. Los beneficios serían indefinidos, ya que resultarán de los aportes y del rendimiento acumulado de cada cuenta. El tanto, el Estado debe asumir el pasivo de cada cotizante actual que se pase al CPI. No obstante, este método no es viable como sustituto del sistema de reparto. Aplicar los dos esquemas, implicaría que la pensión máxima del sistema de reparto se reduzca, aunque ajustable a la inflación.
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