El derecho a la defensa de quienes son investigados y considerados enemigos políticos del Gobierno estaría siendo revocado por el Ministerio Público (MP) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ), tras las órdenes del presidente Juan Carlos Varela, denunciaron juristas.
Ayer el abogado Carlos Carrillo explicó que un claro ejemplo de ello sería la decisión del magistrado fiscal de la investigación que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli, en negarse la notificación a la defensa y no permitir que esté presente en el juicio.
“Eso viola los derechos de cualquiera persona; esta decisión que se ha tomado recibirá acciones legales de nuestra parte porque consideramos que se refiere a las garantías de toda persona”, destacó.
Añadió que agotarán todos los recursos legales, y en este momento se exige el respeto al debido proceso.
“Los derechos no son negociables y se tienen que exigir; la defensa de Ricardo Martinelli lo va a hacer”, reiteró Carrillo.
Según el abogado Dimas Guevara, la violación al derecho a la defensa se vio reflejado en el momento en que no se estableció utilizar el sistema inquisitivo para la investigación del expresidente Martinelli.
“Esto en parte violenta el derecho a la defensa, porque las reglas de investigación son los parámetros del inquisitivo, sin embargo, esa decisión no está en firme.
”Por ello solicitamos la igualdad de todas las partes, y que se dé el cumplimiento legal en el Código de procedimientos”, detalló.
El jurista señala que también esta semana fue denunciado cómo el término de finalización del proceso había acabado, y era de dos meses; sin embargo, los magistrados han anunciado que hubo una interrupción tácita que la ley no prevé y más nunca se interrumpió, y hubo incluso el levantamiento del fuero penal.
“El fiscal debe cumplir con el debido proceso y el derecho de todas las partes. Exigimos que las autoridades públicas y privadas, con base en la investigación, nos suministraran la información en el término, y al menos esa incidencia fue considerada pertinente”, refirió el abogado.
No obstante, hubo un revés en que no se iba a permitir que estén presentes en las diligencias de la fiscalía, lo que sería contrario al debido proceso y el ordenamiento legal.
Recientemente el expresidente de la República Ricardo Martinelli acusó al actual mandatario, de querer afectar su entorno familiar y empresarial a través de presiones a las personas indagadas para que realicen acusaciones.
“Varela tratará de meter presa a toda mi familia y quitarme vía la varelicracia todos mis negocios para hacerme ir a Panamá. Hoy soy yo, mañana uds.” (sic), escribió en su cuenta de Twitter el exmandatario.
Mientras el gobierno de Varela a través del Ministerio Público y la Corte intensifica la persecución contra sus adversarios, algunos sectores denuncian la falta de atención a problemas que afectan a la población como la inseguridad, el alto costo de la vida, y el crecimiento económico en el país.
En este sentido, el exembajador de Panamá en los Estados Unidos Guillermo “Willy” Cochez señaló que el presidente Varela “como que olvidó que el mayor problema continental es inseguridad, violencia, tiranía, corrupción y la persecución política en Venezuela”
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