Juristas independientes al proceso sobre el supuesto peculado por un préstamo en la Caja de Ahorros (CA), exigen al Ministerio Público, que este expediente sea remitido ante el juzgado.
Gremialistas y docentes universitarios se suman a esta exigencia por considerar que la actitud que está asumiendo el Ministerio Público en retener expedientes fuera del término le está haciendo daño a la justicia en Panamá.
Las declaraciones de estos abogados surge ante el incidente de controversia que interpusiera Ramsés Barrera en representación legal de los empresarios Riccardo Francolini y Manuel Morales, ambos imputados en este caso, mientras que el primero en mención lleva más de 40 días detenido.
El Juzgado Décimo Tercero de Circuito Penal, no solo admitió el recurso, sino que ordenó que se le remitiera el expediente de parte de la fiscal primera anticorrupción, Tania Sterling, quien decidió realizar prácticas de prueba.
Para Alfonso Fraguela, presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG), quien ha seguido de cerca este proceso, considera que la demora hecha por la fiscalía da la impresión de que se trata de una medida de presionar para buscar alguna prueba, pero considera que esto no se puede hacer en violación a las normas procesales, porque "da un duro golpe a la justicia en Panamá".
A juicio de Fraguela, esto da un mal precedente porque no se puede mantener un proceso a perpetuidad.
Mientras, el abogado Ernesto Cedeño considera que el caso de la CA es uno más de los excesos que están haciendo los fiscales, debido a que la ley establece sanciones muy leves contra los fiscales que se exceden de los tiempos.
Hay un precedente cuando un juzgado ordena la nulidad del proceso de los radares, pero un tribunal superior decidió revocar esta acción.
6 meses es el tiempo de investigación que otorga la ley para que los fiscales instruyan un sumario.
