LA COMISIÓN de Justicia y Paz solicita a las autoridades competentes la investigación transparente de todos los casos de corrupción denunciados en los últimos años.
En un comunicado exigen que las pesquisas se lleven a cabo respetando el debido proceso, de manera independiente, transparente y alejado de los intereses particulares y partidistas.
Entre los supuestos casos de corrupción más sonados figuran el caso CEMIS, partidas discrecionales, Fundación Mar del Sur, desvió de fondos de la ARI y equiparación de Panama Ports.
El jefe policial dejó claro que el mayor problema de la Policía es el narcotráfico, que opera a lo largo de las costas panameñas. La respuesta de Pérez hace a un lado la preocupación que constantemente plantean algunos sectores sobre la amenaza del terrorismo en Panamá.
A juicio de Pérez, "el tapón no debe abrirse ni con carreteras ni con trochas", pues la amenaza sería mayor en cuanto al tráfico de drogas.
El jefe de la Policía espera que "por mucho tiempo no se abra el tapón hasta que la situación en Suramérica esté mejor".
Sostiene que si el tapón del Darién se abre los costos de operación de las entidades de seguridad panameñas aumentarían considerablemente.
Rubén Darío Paredes está de acuerdo con el encargado del orden público. Para él, no se ha definido un sistema de seguridad efectivo que proteja la frontera en caso de construirse la vía.
La reciente exhibición militar de la Policía en los desfiles patrios hizo temer sobre la militarización de la institución.
Paredes considera que para la Policía Fronteriza, la militarización es una opción y asegura que de hecho se está haciendo. Al respecto, agrega que "los ojos de la ciudadanía" deben conocerlo.
Lo cierto es que de abrirse el tapón darienita, la estrategia usada por el Gobierno necesitaría de una inversión económica.
Anteriormente se ha calificado el tema de la seguridad en la frontera colombo-panameña como un obstáculo para el avance de proyectos.
Es que el conflicto armado en Colombia con un incierto desenlace y una duración de 40 años ha dejado sin sabores en otros países que limitan con Colombia, es decir Perú, Brasil, Ecuador y Venezuela.
El presidente colombiano Álvaro Uribe solicitó declarar a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) como un grupo terrorista, a lo que sólo Panamá accedió.
A pesar de los testimonios de panameños residentes en Darién que admiten que la organización guerrillera ha pisado territorio panameño desde hace unos 20 años, el peligro no viene sólo de esta parte del conflicto.
El año pasado a Panamá ingresaron grupos paramilitares y asesinaron a cuatro indígenas.
Esta segunda amenaza sigue latente al operar los "paras" en zonas próximas a Panamá. Tal es el caso del bloque "Elmer Cárdenas", cuyos 3,000 combatientes operan en el área fronteriza con Panamá.
Las bandas de delincuentes comunes también amenaza la paz en la región.
Quienes huyen de los grupos armados también ingresan a territorio panameño, pero contrario a la opinión de muchos panameños, Panamá no es el primer destino que considera un desplazado.
Según el grupo Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), quienes huyen de masacres y amenazas ingresan masivamente a Ecuador.
CODHES estima que únicamente en el 2001 a ese país ingresaron unos 9,000 colombianos, mientras a Panamá llegaron sólo 427 en ese período.
La integración de colombianos a comunidades darienitas motivó al gobierno panameño a regular su estatus migratorio.
Panamá considera a quienes emigran en estas condiciones como refugiados, según el derecho internacional, sino desplazados y les otorga un documento que los acredita como "necesitados de protección humanitaria".
Pero el recrudecimiento de la violencia en Colombia y el consecuente éxodo hacia Panamá, en algunos casos como paso a Estados Unidos podrían echar por tierra esta medida.
