El Panamá América
El movimiento Juventud 2000 en Arraiján interpondrá hoy ante la Corte Suprema de Justicia una demanda formal de nulidad del contrato de concesión firmado entre el municipio de Arraiján y la empresa recolectora de desechos sólidos (CREDESOL).
Según el representante legal de la organización, José Galloway, en un análisis minucioso que regula la relación contractual se han encontrado una serie de presuntas irregularidades que en su defecto violan los artículos 105 y 106 de la Ley 56 de 1995 en materia de licitación pública, contratación directa y las solicitudes de precios.
"Se ha detectado en el contrato una especie de híbrido jurídico en el que se convocan a los diferentes proponentes para realizar el concurso de licitación pública, sin embargo, optan por acogerse a la contratación directa", enfatizó Galloway.
El abogado argumentó que otro de los artículos quebrantado es el 108 de la misma Ley que establece la fijación de la fianza indeterminada, donde la empresa propone una cuantía de B/. 100 mil, pero la cantidad no se coordina con la Contraloría Nacional de la República.
El representante legal manifestó que además de la relación contractual incumple con el artículo 23 de la Ley 41 de 1998, Ley General del Medio Ambiente que taxativamente exige un estudio de impacto ambiental previo a la ejecución del contrato, pero hasta lo investigado se desconoce la existencia del estudio conforme a la norma.
Agregó que confía en que la Corte Suprema de Justicia se pronunciará en un fallo en derecho ordenando la suspensión del contrato entre el municipio y la CREDESOL.
Por su parte Luis González, presidente del Movimiento Juventud Proyecto 2000 de Arraiján, aseguró que por el momento se abstendrán de tomar medidas de fuerza debido a la delicadeza de este caso que se presta para ser ampliamente discutido por las vías legales.
Entre tanto el gerente general de la CREDESOL, Mario Miranda, recomendó que se asesoren legalmente porque lo señalado en su comunicado no es tal y como lo manifiestan.
Subrayó que la intención de la empresa es evitar polémica con la comunidad, pero no puede aceptar que se les ataque de esa manera, porque podrían interponer una contrademanda.
Añadió que el municipio de Arraiján en función de su refrendo debió cumplir con todo lo exigido por la Contraloría General de la República, sino hubiese sido así a CREDESOL no se le aprobaría el contrato.
