El Juzgado Noveno de Circuito Penal sobreseyó definitivamente al ex presidente Ernesto Pérez Balladares y a los otros 14 imputados en el caso de blanqueo de capitales seguido en su contra por el manejo de fondos provenientes de la empresa de máquinas tragamonedas Lucky Games.
El juez Diego Fernández Paniagua ordenó levantar todas las medidas cautelares que pesaban contra Pérez Balladares, Ricardo Caputo, Rooselvelt Thayer Quijano, Enrique Pretelt, Vicente Calderón, Rómulo Abad, Tomás González, Saideth Ortiz, Henry Mong Woo, Carlos González, Eyda Achón, Jaime Espino, Jenifher Espino, Adelio Green y James Tobiasson.
Además, dictaminó el levantamiento del secuestro penal contra las cuentas de Banvivienda a nombre de Shelf Holding, cuyos firmantes son Pérez Balladares y Eyda Achón.
También ordenó la devolución de los pasaportes a Pérez Balladares, Vicente Calderón, Achón y Mong Woo.
Paralelamente, el tribunal negó, por “no viable”, la solicitud de compulsa de copias del expediente que hizo la Fiscalía Especial Contra la Delincuencia Organizada para investigar la posible comisión de un delito penal relacionado con el manejo de $176 millones del Banistmo International de Bahamas, en el que vinculaba a Pérez Balladares.
Plantea que el Ministerio Público debió investigar este caso en el momento en el que tuvo conocimiento de la posible comisión de un delito, sin requerir autorización judicial.
El juez Fernández Paniagua, en su Auto No. SD-7, sostiene que el Ministerio Público no pudo comprobar, ya sea directa o de manera indiciaria, la comisión del delito determinante de peculado o corrupción de servidores públicos que permitiera el presunto blanqueo de capitales.
Indica que era al Ministerio Público al que le correspondía probar la ilicitud de los dineros manejados por el ex presidente Ernesto Pérez Balladares, los otros 14 investigados y las sociedades investigadas, y no a éstos demostrar que los fondos provenían de actividades lícitas.
Precisa que la Fiscalía no pudo demostrar que las transacciones investigadas fueran fraudulentas y tuvieran el interés particular de ocultar cualquier beneficio ilícito.
El juez plantea que no es un delito que los firmantes en las sociedades anónimas investigadas giraran cheques a sus empleados de confianza, como argumentaba la Fiscalía.
“No se determinan ilicitudes algunas en cuanto a las concesiones, manejos de dinero a través de entidades bancarias que realizó Lucky Games S.A., con las otras sociedades investigadas, al igual que éstas con los sindicados”, señala.
El tribunal consideró que el dinero manejado por estas empresas tenía un origen lícito y que su movimiento no produce el delito de blanqueo de capitales como alegaba la fiscalía.
