El Juzgado Decimoquinto Penal mantuvo el sobreseimiento dado en primera instancia a 30 controladores aéreos destituidos en 1998 por el entonces Presidente Ernesto Pérez Balladares, y ordenó al Juzgado Cuarto Municipal entrar a decidir el status jurídico de otros 21 cuyos expedientes habían sido remitidos a otra jurisdicción penal.
De acuerdo con el tribunal, la apelación presentada por el Ministerio Público en este caso carece de elementos suficientes para comprobar que han sido ejecutados los hechos punibles de asociación ilícita para delinquir y atentar contra la seguridad colectiva.
En el fallo se establece que en las propias declaraciones de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DAC) se infiere que el asunto tomó un cariz político por un grupo de funcionarios, quienes impidieron el acceso a las instalaciones de los controladores aéreos.
