Juzgados y abogados involucrados

En cuanto al informe sobre las actividades del Juzgado Municipal de Arraiján, se estableció que del 1 de enero de 1995 al 30 de abril del 2000 se recibieron 15,000 oficios que representaron un monto de B/.12,579,804 y ocasionaron que la Contraloría dejara de percibir B/.377,394 en concepto del 3% por manejos de los descuentos de funcionarios.
Por su parte, la auditoría realizada en el Juzgado Municipal de San Carlos arrojó que entre enero de 1995 y abril del 2000 se recibieron 5,000 oficios que representan un monto aproximado de B/.6,347,657 y por ello la Contraloría dejó de percibir la suma de B/.190,429 en concepto de 3% por manejo de descuentos a los trabajadores públicos.
Las auditorías determinaron la responsabilidad de funcionarios de los diferentes juzgados involucrados en los cobros, debido a que nunca dieron aviso a sus superiores de las situaciones irregulares ocurridas.
A algunos se les incluyó dentro de los cargos formulados contra los jueces. Entre las acusaciones se incluyen incumplir con la formación de los expedientes y con los deberes de Secretaría que les impone el artículo 183 y el artículo 393 del Código Judicial.
Dentro de la investigación realizada salió a relucir la participación de seis abogados que eran representantes legales de financieras y mueblerías, quienes son responsables en la interposición de todas estas demandas con trámites alejados del debido proceso, cuyas cuantías excedían del límite de competencia de los juzgados municipales.
Se estableció que aún con conocimiento de la ley los abogados interponían demandas por arriba de la cuantía de los juzgados municipales, sin mayores trámites procedimentales.
En algunas se observa que el oficio confeccionado por el Juzgado de San Carlos tiene fecha anterior a la presentación del poder y demanda con arreglo amigable interpuesto por uno de los abogados bajo investigación, lo que hace suponer que tan sólo con llamadas telefónicas de las partes interesadas o de sus representantes legales se efectuaban los trámites. También que las transacciones se ejecutaban por fax con los datos de las personas a embargar por el juzgado.
En algunos casos los abogados bajo investigación aparecen como representantes legales de las personas sujetas al embargo, pero luego también aparecen como representantes legales de las mueblerías y financieras.
Con sus acciones ilegales estos abogados favorecieron a 65 personas naturales representantes de un número plural de mueblerías y financieras que lograron de manera fraudulenta ejecutar embargos contra personas humildes, a través de los juzgados municipales violando las normas legales.