Unas 1,500 personas de las comunidades de Kuna Nega, el Valle de San Francisco y Chagres se beneficiaron de una gira médica organizada por la Junta Comunal de Ancón y el Ministerio de Salud (MINSA).
Valentín Corrales, director de la Región Metropolitana de Salud, señaló que se brindaron los servicios de vacunación, toma de presión arterial, medicina general, odontología, papanicolau y control de veterinaria para los caninos.
De los casos atendidos las infecciones respiratorias, problemas dermatológicos y los síndromes diarreicos fueron los más frecuentes.
Expresó que estas afecciones se dan por cuadros virales, no obstante, agregó que la higiene es básica para evitar estas enfermedades.
También se entregaron letrinas y se juramentaron 50 comités de barriadas, que estarán pendientes del aseo y de las enfermedades de la comunidad.
Por su parte, Joaquín Vásquez, representante de Ancón, dijo que con esta gira se busca mejorar las condiciones de salud de la población.
Agregó que áreas como éstas necesitan un apoyo, que con las actividades se está tratando de llevar.
De los 20 niños con discapacidad que están en lista, sólo asisten de 8 a 10, entre ciegos, sordos, con parálisis, retardo mental.
Dijo que uno de los factores que influye de manera determinante en el bajo aprendizaje es la desnutrición, pero con el programa de alimentación de la escuela se ha logrado progresar.
Juan Gómez, director de comunidades indígenas del MIDES, dijo que se ha ido avanzando en la habilitación de escuelas para que los niños con discapacidad tengan el acceso acorde con sus necesidades.
La dirección comarcal es una plataforma de apoyo a otras direcciones, que se encarga de vigilar este cumplimiento.
La escuela de Soloy necesita que se habilite para que los niños puedan desplazarse en sillas de ruedas.
Juan Pérez Archibold, consultor de asuntos indígenas, dijo que la falta de infraestructuras para discapacitados se da en todos los sectores marginados de nuestro país, especialmente en las comarcas.
A los indígenas residentes en estas áreas se les dificulta manifestar sus necesidades a través de los medios de comunicación, como llevar los niños al centro de salud o a la escuela.
Están en el proceso de cómo incluirlos, pero se les dificulta por la extensión del territorio y la cantidad de población.
Fanny Wong, coordinadora latinoamericana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, señaló que la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad es "letra muerta".
No existe en la ciudad y mucho menos para los indígenas, pues todavía no se han encontrado los mecanismos para que se cumpla todo lo que se anuncia en la ley.
Señaló que no hay una calidad, no hay una fiscalización, situación que persiste tanto en las áreas comarcales como en la ciudad.
Aunque la ley establece que los edificios de uso público deben ser accesibles para todos, se siguen erigiendo construcciones nuevas sin el acceso para personas con discapacidad, pues no todas las escuelas, ni públicas ni privadas y las universidades, tienen accesos.
Destacó que es necesario un ente fiscalizador que haga cumplir las leyes, que se asignen presupuestos para que se cumpla la ley; fue enfática al decir que no debe haber excusa de que no hay plata para eso, "porque los derechos humanos no son negociables".
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