La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), mediante un comunicado de prensa, aclaró que la entidad no es responsable del retraso de la confección de matrículas y calcomanías correspondientes al año 2009.
La institución afirma mediante el comunicado, que el retraso de la confección de las placas correspondientes al 2009, se debió a que la pasada administración de la entidad, no entregó a tiempo a la Escuela Vocacional de Chapala la resolución que debió ser publicada en Gaceta Oficial.
Agrega el escrito que se le recomendó a Chapala solicitar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la contratación directa, de acuerdo a la excepción al procedimiento de selección de Contratista.
Sin embargo, éstos optaron por realizar una licitación abreviada, la cual tuvo deficiencias en la estructuración del pliego de cargos por parte de la unidad gestora, razón por la cual se atrasó la confección de las placas y las calcomanías para los autos en circulación.
En este momento, Chapala está en espera de la aprobación para iniciar la contratación directa y así culminar con la confección y entrega de placas y calcomanías a los diferentes Municipios del país, detalla el comunicado.
En cuanto a las placas para el 2011, la ATTT, indicó que la resolución fue debidamente publicada en la Gaceta Oficial No. 26,490 de 16 de marzo de 2010 y recibida en la Escuela Vocacional de Chapala el día 29 de Marzo de 2010.
Según la ATTT, ellos emiten únicamente la resolución que determina las dimensiones, color, nomenclatura y calidad de las placas de circulación vehicular, de acuerdo al artículo 34 del Decreto No. 640 de Diciembre de 2006.
Luego, la resolución es publicada en Gaceta Oficial y es enviada a la Escuela Vocacional de Chapala para que ellos inicien el proceso de licitación pública.
Posteriormente, la Escuela Vocacional de Chapala convoca al Acto Público, ya que paga por la compra de los materiales para la confección de las placas, además que es la entidad que puede convocar la Licitación Pública (y no la ATTT), de acuerdo a la Ley 22 de Contrataciones Públicas.