Hay muchas barreras que se les ha impuesto a este sector de la población. No sólo son las físicas, como la falta de estructuras o adecuaciones especiales en las escuelas o lugares públicos, también los estigmas parten del uso de las palabras que los identifican y que tratan de definir su condición.
"Inválido, "ciego" o "retardado", son sólo una muestra, y hasta hace algunos años, usar el término discapacitado era sinónimo de "persona lisiada" y "diferente".
Sin embargo, ni Carlos, ni Itzel, ni Pedro se consideran así.
Ellos, de 60, 21 y 47 años, respectivamente, se debaten en una lucha permanente frente al sistema que poco a poco, tal vez a paso de tortuga, pretende incluirlos desde Panamá en un mundo que también les pertenece.
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el planeta hay alrededor de 600 millones de personas con discapacidad (10% de la población total). De estos hay 370 mil 053 en Panamá, lo que representa el 11.3% de la población.
Los datos se desglosan de la Primera Encuesta Nacional de Discapacidad, "PENDIS"; que también se le conoce como Estudio de Prevalencia y Caracterización de la Discapacidad en la República de Panamá.
Pero frente a las cifras, Carlos, Itzel y Pedro pueden significar para usted esto, pero son más: son panameños y tienen potencial. No hay que incluirlos porque siempre han estado aquí. La tarea pendiente es que la sociedad los integre.
Para muestra un botón. La condición de Itzel no la limita. Si usted acude a la oficina donde labora, a simple vista no se percata de que la recepcionista que le atiende, -ella-, tiene una discapacidad visual desde que nació. Esto no impide que se desenvuelva profesionalmente.
Sin embargo, apenas alguien "descubre sus limitaciones" el trato deja de ser el mismo y aunque no vea, ella lo siente con el cambio en el tono de voz y por el rechazo de quienes acuden por primera vez a su puesto.
Por su parte, Pedro labora en una oficina de Información Internacional y usted no nota su condición hasta que él se aleja de su escritorio con una serie de planos y documentos que lleva en su silla de ruedas.
Las limitaciones no existen para él, pero acudir al cine, a un restaurante o desplazarse en la ciudad de Panamá es toda una odisea.
La historia es diferente para Carlos, él no tiene una discapacidad física. La suya es mental y marca la diferencia, ya que a quien de cariño llaman "Pito", le tocó enfrentar a una sociedad más dura que la actual, porque al nacer se desconocía el tratamiento de su "enfermedad", la que hoy es conocida como Síndrome de Down (SD). Ello, porque en el año de 1947 en Panamá no había registros de niños con estas características especiales. Incluso, no había escuelas ni centros especiales para atenderlos.
Hasta los médicos se sorprendieron cuando nació, así lo relata su hermana Norita Scott Pezet en su libro "Mami y yo".
El 1 de septiembre del 2004 se creó la Secretaría Nacional para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (SENADIS) y el Consejo Nacional Consultivo para la Integración Social de las Personas con Discapacidad (CONADIS).
A través de estos estamentos, el gobierno implementa la que denominó como una Política Pública de Inclusión Social, con miras a dar respuestas concretas y transversales en el tema de la discapacidad.
En su momento el presidente de la República, Martín Torrijos, señaló que el país "tiene una importante deuda moral y social con este sector, ya que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad y de exclusión social".
Tres años han pasado. Para Fanny Wong, coordinadora Latinoamericana de la Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad, la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad es "letra muerta", pues todavía no se han encontrado los mecanismos para que se cumpla todo lo que se anunció.
"No hay una calidad, no hay una fiscalización, situación que persiste tanto en las áreas comarcales como en la ciudad", dijo.
Aunque la ley establece que los edificios de uso público deben ser accesibles para todos, se siguen erigiendo construcciones nuevas sin el acceso para personas con discapacidad, pues no todas las escuelas, ni públicas ni privadas, ni las universidades, tienen accesos.
Destacó que es necesario un ente fiscalizador que haga cumplir las leyes, que se asignen presupuestos para que se cumpla la ley, no debe haber excusa de que no hay plata para eso, "porque los derechos humanos no son negociables".
