La familia Alemán también fue mencionada en asistencia judicial

El 9 de junio de 2017, España pidió asistencia judicial a la procuradora Kenia Porcell para obtener detalles sobre una serie de figuras allegadas al expresidente Juan Carlos Varela, mencionadas en los supuestos sobornos pagados por FCC para construir las líneas 1 y 2 del Metro, pero el silencio parece que fue la respuesta o al menos se desconoce si atendió esa solicitud.

La "comisión rogatoria" fue enviada por la fiscal especial anticorrupción de Madrid, María Teresa Gálvez, a Kenia Porcell, con base en una investigación iniciada el 28 de marzo de 2016, tras recibir una denuncia del "Working Group Anti Brivery" de la Ocde por el pago de posibles comisiones por parte de FCC para asegurarse los contratos del Metro de Panamá.

Como primera sospecha, la fiscal española resalta que se analizaron diversas fuentes y se identificó inicialmente a la firma Arias, Alemán y Mora, que representó a FCC en Panamá, así como a los socios –asesores e intermediarios de influencia en el istmo relacionados con exministros y exembajadores.

Además, destacan la detención en noviembre de 2016 de Rodrigo Tacla Durán, intermediario financiero de Odebrecht, a quien en febrero de 2017 se le tomó declaración respecto a los presuntos sobornos para construir las líneas del Metro.

La Fiscalía española pidió recabar el testimonio de diversas personas en Panamá, entre ellas Roberto Roy, de la Secretaría del Metro; José Miguel Alemán, Miguel Alemán Dutari, Jaime Eduardo Alemán, María Elena Fumero, André Luis Campo Rabello, Víctor Luis Alberola.

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Sobre esa petición de la fiscal María Teresa Gálvez, lo más que se supo fue un par de Twitter, que en julio pasado, la Procuraduría difundió, alegando que la solicitud de España fue atendida en el 2017 y que por legislación internacional y local, ese tipo de asistencia se manejan con confidencialidad.

En una declaración a la Fiscalía Especial de Madrid, España, el 13 de febrero de 2017, Rodrigo Tacla Durán dijo que recordaba un caso sobre el pago de una coima a Roberto Roy.

Tacla Durán sostiene que en ese momento, André Rabello se quejaba porque intentó pagar a Roy, pero este no le tomó el dinero, porque Roy quería dinero de la empresa española FCC, ya que veía que era más seguro no ser descubierto o sospechoso de recibir soborno.

Además, Tacla Durán agregó que André Rabello ha tenido controlado y sobornado a todos los gobiernos de Panamá, hasta el de Juan Carlos Varela.

En su oportunidad, Roy sostuvo que no recibió sobornos de Odebrecht ni de FCC.

Cuestionamientos

El Frente Nacional Anticorrupción se unió a las voces de la sociedad civil que censuran la actitud dilatoria que asumió desde el año 2017 la procuradora general de la nación, Kenia Porcell, quien no hizo nada frente a una solicitud formal recibida desde España, para que se tomara declaración "en calidad de testigo" al expresidente del Metro de Panamá, Roberto Roy, en el caso internacional de presunta corrupción con la empresa FCC.

Según se puede constatar en documento al que tuvo acceso Panamá América, la solicitud de diligencia de "investigación en materia penal" que envió la Fiscalía de España tiene fecha 9 de junio de 2017, y allí se pedía a la entidad homóloga en Panamá "auxilio para recibir declaración como testigo" tanto a Roberto Roy, como a otros exfuncionarios, dignatarios regionales de consorcios y abogados locales.

Al respecto, el presidente del Frente Nacional Anticorrupción, Enrique Montenegro, indicó que la presunta actitud protectora de la procuradora Porcell a favor de Roy "estuvo muy mal, y se suman las situaciones que nosotros denunciamos a lo largo de los últimos 5 años, que dejan entrever una justicia selectiva".

Para Montenegro, no cabe dudas de que la jefa del Ministerio Público (MP) designada por el expresidente Juan Carlos Varela, se caracterizó por su dura e inflexibles decisiones para determinados casos, pero permisiva y dilatoria para otros.

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El vocero del Frente Nacional Anticorrupción también recordó que la gestión de Roy como funcionario, también dejó interrogantes sin resolver sobre su transparencia.

Y citó como ejemplo, que en su momento el Frente Anticorrupción solicitó a Roberto Roy la totalidad de la información que lo vinculaba a contratos y adendas que hizo el metro con la empresa española Ayesa Ingeniería y Arquitectura, S.A.

"Pero él nunca atendió nuestra solicitud, a pesar de que la ley le obligaba a respondernos, pues lo que pedíamos era información de interés y de carácter público", afirmó Montenegro.

De hecho, se informó que desde hace 6 meses reposa en la Corte Suprema de Justicia un recurso de habeas data promovido por el Frente Nacional Anticorrupción para que se le "ordene" a Roberto Roy entregar copia autenticada de todos los contratos, y verificar la transparencia.

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