El 16 de enero de 2002, la noticia en los medios de comunicación del país fue una sola. El diputado Carlos Afú salió a denunciar a sus propios compañeros políticos. Afú apareció con 6 mil dólares en sus manos, denunciando que eran parte de un caso de corrupción en el que se había comprado a los diputados del PRD para que votaran a favor del contrato ley del proyecto CEMIS. Afú manifestó que le habían entregado, a través del diputado Mateo Castillero, 6 mil dólares como adelanto de un pago total de 20 mil dólares a cada diputado del PRD, mayoría en la Asamblea en ese momento, para que apoyaran el CEMIS. Días antes, la ex diputada Balbina Herrera acusó a Afú de haber aceptado un soborno para votar a favor de las designaciones de Alberto Cigarruista y Winston Spadafora como magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Desde ese entonces, la investigación del CEMIS ha tenido varios tropiezos. Cuando se hicieron las primeras pesquisas se encontró un papel en las oficinas del promotor del CEMIS, el Consorcio San Lorenzo, con los nombres de Martín, La Doña y Alemán. Cada uno estaba señalado con 150 mil dólares. Un cable de la ex embajada de Estados Unidos, filtrado por Wikileaks a Panamá América, reportó que posiblemente se referían a Martín Torrijos, Héctor Alemán, y en el caso de La Doña, se podría estar haciendo referencia a Balbina Herrera o a la ex presidenta Mireya Moscoso. En el 2010, la Corte, luego de una propuesta del magistrado Oydén Ortega, decidió abrir la investigación.
