En 1917 cuando la revolución comunista se imponía desde el otro lado del mundo, en Panamá se aprobaba una disposición que autorizaba a la "policía" a frustrar la circulación de impresos o caricaturas que injurien a los empleados públicos. Ochenta años después, ya la estatua de Lenín tiene tiempo de haber colapsado, pero esa ley sigue viva.
¿Que una cosa no tiene que ver con otra?. Estamos hablando de una ley represiva de 1917, todavía vigente en Panamá, como muchas otras disposiciones que ruborizan a la libertad de expresión y como se verá en el siguiente ejemplo, la palabra "comunista" ha sido maltratada en otra norma panameña, mencionada por un magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
Para los que no lo saben, el magistrado Edgardo Molino Mola dijo (1994) que en 1951 la Corte Suprema consideró que no era inconstitucional un Decreto Ley de 1950, por medio del cual se declaraban contrarias al régimen democrático, "toda propaganda, actividad o agitación comunista". ¿Existen varias normas represivas desconocidas?. La respuesta es sí.
La tarea de desenmarañar el laberinto de disposiciones mordaza está por hacerse. Una Comisión Evaluadora de la Legislación de Prensa, creada a instancias del Ministerio de Gobierno (al que presentó un informe el 28 de febrero de este año), hizo un acopio de las leyes emitidas entre 1969 y 1988, recordando que al menos cinco de ellas están vivas.
¿Podemos estar tranquilos si se derogan esas cinco normas?. Los hechos demuestran que no, pues muchas leyes amenazan desde la sombra. Basado en la precitada norma de 1917, un gobernador giró instrucciones en 1987, para que la "policía" recogiera periódicos que a su criterio excitaban a la turbación del "orden público".
LABERINTO DE NORMAS
El artículo 903 del Código Administrativo, que permite a los policías frustrar la circulación de impresos que injurien, data de 1917, y es apenas una de las normas, que la mayoría de las personas no menciona cuando se habla de las "leyes mordaza".
Tal es al caso, por citar otro ejemplo, del artículo 904 del mismo código, que impone arresto de diez días a quien fije "pinturas sediciosas" (no aclara si las bienales, las galerías, los pintores de buses, o Cosme, el pintor de brocha gorda, están exentos). La norma va más allá. No sería arrestado solo quien fije, sino quien "mande fijar".
El asunto crece cuando, del pasado, se da un brinco al futuro. Mientras muchos fijan la atención en las "leyes mordaza" (11, 67 y 68), además de la 1 de 1988, y el Decreto de Censura (que constituyen unas "mordazas" también), otros tiburones legales (como el artículo 577 del Código de la Familia) yacen en su etapa embrionaria, en vías de nadar y morder.
Se sospecha entonces, que la labor de la Comisión (que trabajó a instancias del Ministerio de Gobierno y Justicia) apenas rasguña el problema si se inclina por la derogatoria de las leyes 11, 67, y 68 de 1978, y la 1 de 1988, al margen de otras disposiciones que afectan el ejercicio de la libertad de expresión, fundamento de la libertad de prensa.
Tras el informe, es muy posible que las controversias vuelvan a centrarse en la necesidad o no, de despenalizar la calumnia e injuria, o en el tema de la "idoneidad". Por lo pronto, la Comisión recomienda dejar las tareas de recolección, redacción, producción y difusión del material noticioso a quienes acrediten una "idoneidad académica".
De cualquier forma, el informe rasguñador de la Comisión Evaluadora, ya está en manos de los tres gremios, Sindicato de Periodistas, Colegio de Periodistas y Forum por la Libertad de Expresión, quienes en los próximos días se asomarán a las puertas de un complejo laberinto de mordazas.
COMISION EVALUADORA
El 21 de abril se anunciaba en un medio de comunicación que una Comisión Evaluadora de la Legislación de Prensa, presidida por Indalecio Rodríguez, entregó el día anterior a la ministra de Gobierno y justicia, Mariela Sagel, y a los dirigentes gremiales de los organismos ligados a la prensa, un "informe".
En la nota no se especificó, pero una fuente aclaró días después, que en ese encuentro no se había entregado un informe escrito, sino verbal, del trabajo de la Comisión, por lo que transcurrieron varios días sin que los gremios periodísticos tuvieran en sus manos una propuesta escrita con qué trabajar.
Tal informe, según la versión de prensa, fue "entregado" (o parloteado) a Garrit Genetau, del Sindicato de Periodistas, Luis Alberto Díaz, del Colegio de Periodistas y Fernán Molinos del Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, quienes estaban supuestos a presentar "sugerencias".
El informe mencionado contenía la valoración de los "nueve" (que son diez) proyectos que se habían elaborado y presentado con miras a la derogación de las leyes 11, 67 y 68, más conocidas como "leyes mordaza" y se entendió que la ministra de Gobierno asignó un plazo de 10 días para "la presentación del documento" a los gremios profesionales.
Las sugerencias que vertieran los gremios serían dirigidas a la preparación de un "anteproyecto de ley" que modificara la actual legislación.
"IDONEIDAD ACAD MICA"
Uno de los temas que quizás levante ampollas sería el de la recomendación de "idoneidad académica" para quienes se dediquen a la tareas de "recolección, redacción, producción y difusión del material noticioso". Tal consejo está contenido en un informe, ahora si escrito (al que recientemente se ha tenido acceso), elaborado por la Comisión.
Actualmente el documento, un legajo que supera las cincuenta páginas, consiste en una serie de recomendaciones acompañadas de textos de diferentes proyectos frustrados durante los noventa, y el mismo reposa en las manos de los gremios periodísticos a quienes se concedió quince días para presentar sus recomendaciones.
Así lo hizo saber Fernán Molinos, presidente del Forum de Periodistas por la Libertad de Expresión e Información, el 3 de junio. "Más que un proyecto en sí es una recopilación de todas las iniciativas que se han dado en esta materia en el país", dijo Molinos precisando que ese fue el trabajo realizado por la Comisión.
En tal documento, según Molinos, se acopian "todas estas iniciativas" y se presentan una serie de "recomendaciones" que en éste momento (3 de junio), el Forum, el Colegio de Periodistas y el Sindicato "estamos analizando para ver como enriquecemos la propuesta que puede hacer el Ejecutivo en esta materia".
"Nosotros recibimos esto la semana pasada y tenemos un plazo de 15 días para entregarlo", reveló Molinos el día 3 de junio.
Evitó adelantar comentarios sobre las valoraciones de la propuesta documentada, y dijo preferir "hacer consenso con el Sindicato y con el Colegio", de cara a un acuerdo.
GOBIERNO INCONSECUENTE
En lo que va de este año, el gobierno se ha dado a la tarea de abordar, casi de manera paralela, tres ángulos de las leyes vigentes que afectan a la libertad de expresión. Uno, la revisión de las "leyes mordaza", dos, la revisión de los delitos de calumnia e injuria (a nivel penal o civil) y tres, la eliminación de las licencias para radiocomentaristas.
Al mismo tiempo, se ven personas denunciadas con leyes mordaza, amenazadas con leyes de desacato, procesos contra comunicadores independientes y periodistas llamados a audiencia, como acciones que el gobierno impulsa o deja impulsar con la vigencia de las leyes. Tal inconsecuencia contrasta con las intenciones derogatorias.
En el caso de las licencias de radiocomentaristas se puede decir que fueron las autoridades de Gobierno y Justicia quienes presentaron también un anteproyecto de ley para regular los servicios de radio y televisión, y uno de los puntos de mayor controversia ha incidido en la eventual eliminación de las licencias a los "radiocomentaristas".
La propuesta se encamina a que "toda persona" pueda hacer lo que hace un radiocomentarista, es decir, hablar por los medios siendo un ciudadano más, sin la necesidad de contar con una licencia para ello. Con eso no están de acuerdo algunos, quienes ven la medida como una amenaza al profesional del periodismo o de la radio.
Curiosamente en este punto, ha correspondido a una autoridad del gobierno defender la eliminación del permiso para radiocometaristas, esgrimiendo que la vigencia de tal norma se contrapone a la libertad de expresión. "Mantener las licencias es ir contra la libertad de expresión", dijo José Guanti, del Ente Regulador.
Finalmente, la calumnia e injuria. Poco más de una semana antes de la declaración de la ministra de Gobierno, sobre el plazo de 10 días para revisar un documento de la Comisión Evaluadora, se conoció que otra Comisión desestimaba una propuesta para llevar los delitos de calumnia e injuria al ámbito de la esfera civil.
La llamada la "Comisión Final Revisora de los Códigos Penal y Procesal" (integrada por representantes del Ejecutivo, del Organo Judicial, del Ministerio Público y del Colegio de Abogados), recomendó al presidente de la República, "mantener en la esfera penal", los delitos de calumnia e injuria, y eso se hizo público el 10 de abril de este año.
En lo que parece una posición no muy simpática para otros funcionarios del gobierno, la voz aislada del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, se pronunció (12 de mayo) urgiendo la derogatoria de las "leyes mordaza", las que consideró "restrictivas" de la libertad de expresión y propugnando por el traslado de los delitos de calumnia e injuria, de la esfera penal, al terreno civil.
LLUVIA DE CRITICAS
Tres informes, en el orden en que se dieron a conocer públicamente en Panamá, dan detalles de lo que acontece con la libertad de expresión.
El primero de ellos es del Comité para la Protección de Periodistas (publicado el 25 de marzo de 1999), el segundo de la Defensoría del Pueblo (fechado el 22 de abril de 1999), y el tercero corresponde a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA (publicado en Panamá el 30 de abril).
La maraña de normas vigentes es tal, que pese a los denodados esfuerzos de los organismos en la compilación de leyes que imponen ataduras a la libertad de expresión, no se pudo desentrañar toda la madeja de normas vigentes. Por ejemplo, no se pudo (por lo reciente del caso) registrar una denuncia contra la libertad de expresión, por el uso de un artículo del Código de la Familia.
Rodrigo Chiari, presidente del Frente Cívico por la Verdad, denunció públicamente el 2 de mayo que el Tribunal Electoral había ordenado la suspensión de cuñas televisivas contratadas por su grupo, "en que se hace alusión al candidato oficialista". De acuerdo a Chiari, "se estimó" que contravenía lo dispuesto en el artículo 577 del Código de la Familia que establece que no se podrá reproducir públicamente la imagen de una persona sin su consentimiento, aún si ésta hubiese sido captada en lugar público.
TRES INFORMES
El Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) con sede en Nueva York, publicó su informe anual, reprochando las "anacrónicas leyes de prensa" que aún siguen vigentes en Panamá. En el informe hace notar que Panamá es uno de los países que mantiene vigentes "leyes de prensa anacrónicas", con las que se atacan periodistas.
Tres semanas antes de la publicación, el mismo organismo había enviado una carta a Pérez Balladares indicándole que estaban "consternados" porque notaban que el mandatario continúa no sólo tolerando el procesamiento penal de los periodistas panameños, sino también iniciando tales causas.
Un informe especial sobre el derecho a la libertad de expresión en Panamá, que contiene denuncias contra las leyes mordaza, persecución contra periodistas, y la censura contra los diarios "
