Miembros del Colegio de Laboratoristas Clínicos de Panamá decidieron unirse al paro de 24 horas prorrogable que a partir de hoy inician los profesionales de la salud y técnicos radiólogos, como respaldo a la huelga de labores que desde el pasado jueves convocaron los funcionarios administrativos de la Caja de Seguro Social (CSS).
Los laboratoristas decidieron unirse a la medida de paro en respaldo de los técnicos de la salud durante una asamblea general realizada ayer.
En esta reunión se acordaron tres puntos, entre los cuales figuran unirse a todas las medidas de protesta, apoyar las acciones que se han dado producto de los hechos acontecidos en la CSS y efectuar acciones tendientes a proteger la institución de la salud referente a las violaciones de su autonomía.
Los funcionarios convocados al paro acordaron destinar personal para las urgencias médicas y las hospitalizaciones, para no afectar la atención de los pacientes.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo iniciará una investigación por las presuntas violaciones a los derechos de dirigentes detenidos durante los enfrentamientos entre los trabajadores del Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción (SUNTRACS) y unidades de control de multitudes.
Según el secretario general del SUNTRACS, Genaro López, la denuncia interpuesta ante la Defensoría es contra el Ministerio de Gobierno y Justicia y el director de la Policía Nacional, alegando que el dirigente de la construcción Saúl Méndez ha sido objeto de tratos denigrantes y de cargos infundados.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Juan Antonio Tejada Espino, acogió la queja presentada y manifestó que las vistas de televisión "evidenciaron un exceso de fuerza ejecutado por algunas unidades de la Policía Nacional", no sin antes censurar las agresiones de ciudadanos contra la Policía.
Tejada Espino aprovechó la nueva ocasión para hacer un llamado a la cordura y puntualizó que la actitud violenta de algunos miembros de la Policía Nacional fue incorrecta, lo cual pareciera que las nuevas unidades imitan la conducta que tenían hacia la población civil las antiguas Fuerzas de Defensa.
Un 52% de la facturación en el distrito de San Miguelito corresponde a usuarios de estratos bajos, a los que se les factura entre B/. 1.75 y B/. 5.60 mensuales, explicó González.
Además, las tasas de aseo que se facturan están establecidas por el Decreto Ejecutivo 165 de 1999 que estableció las tasas de aseo para el área metropolitana, San Miguelito y Colón.
De acuerdo con González, la facturación total de la empresa es de B/. 452,000 y no B/. 900,000 o un millón como han señalado algunas personas, y de eso sólo se recauda mensualmente B/. 285,000 que corresponden a un 63% de lo que se factura.
Los usuarios a quienes se les factura B/. 1.75 y 5.60 presentan una morosidad del 81%, es decir, que sólo el 19% mantiene su cuenta al día.
Los usuarios comerciales en San Miguelito son 220, 000 y tienen una facturación aproximada de B/. 12.00, de los cuales un 33% presenta deudas.
González indicó que en estos dos años de servicio hay aproximadamente 58,000 usuarios que facturan. De ese total, 40,798 están morosos y 17, 000 pagan su tasa de aseo puntualmente.
Además, hay usuarios que deben todos los meses desde que la empresa inició labores.
Por lo tanto, REVISALUD ha iniciado procesos para tratar de recuperar la cartera morosa, porque tiene obligaciones de tipo social, fiscal y económico, se explicó.