Las agencias clandestinas reclutan a niñas domésticas

Dos días de investigación por los pedregosos caminos del distrito de Cañazas, en la provincia de Veraguas, fueron suficientes para corroborar que personas comunes y corrientes se dedican a usufructuar del trabajo infantil.
Panamá América comprobó que el mecanismo consiste en ser el puente entre capitalinos e interioranos interesados en conseguir a alguien para los oficios domésticos. Pero, no es gratis. Se cobra B/. 20 y son dos las mujeres que sin mucho rodeos lo confesaron.
"Aquí todo el mundo sabe quiénes son las familias dedicadas a la trata de niños", aseguró Nelson Martínez, alcalde de Cañazas.
Los comentarios sobre el hecho de que algo anda mal en Veraguas tampoco son ajenos para el titular de Trabajo, Reynaldo Rivera.
Contó que conoció sobre posibles agencias de empleo para menores en la provincia. Sin embargo, cuando ordenó la inspección, no se encontraron evidencias.
"De encontrarse culpables se aplicará una sanción administrativa, pero si en la contratación surgiera otro tipo de delitos o violaciones en contra de los menores, caben sanciones severas establecidas en nuestro Código Penal", sostuvo.
Una de ellas es ¿quiénes serán solidarios con los asalariados cuando su flujo de caja no sea suficiente para mantener al día las obligaciones adquiridas previamente? Para Crisan es triste que se tenga que aportar más a un sistema que por muchos años ha demostrado ser ineficiente, mal manejado y que ha servido para que los políticos se llenen los bolsillos en vez de que el dinero sea utilizado para beneficiar al pueblo panameño. Al final según el profesional la clase media seguirá cargando con los demás.
Según estimaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, los profesionales panameños han disminuido su flujo de caja, es decir sus fondos, en más del 10%, como resultado de las reformas tributarias y la reciente reforma a la seguridad social.
Los profesionales aportan entre seguro social e impuesto sobre la renta un 30% de su salario.
Hay quienes cuestionan que el Gobierno debió reducir la cartera morosa de empresas y asalariados que deben miles de dólares en cuotas vencidas antes de pedirle a los que aportaban un sacrificio mayor.