La Sala Quinta de Garantías Constitucionales declaró legal el arresto de César Julio Ortiz (alias Cesarín), implicado en el supuesto secuestro de Katherine Gómez y su hijo, pero le aplicó la medida cautelar de impedimento de salida del país.
El secuestro de Gómez y su hijo produjo el arresto de Raj Tikandas Mayani, compadre del fiscal auxiliar Carlos Augusto Herrera, y la intervención del procurador José Antonio Sossa, que estuvo a punto de terminar en una balacera con agentes de la Policía Técnica Judicial (PTJ).
La Sala Quinta establece que existen méritos para mantener bajo investigación a Ortiz, hasta que se logre esclarecer si éste participó en el secuestro de Gómez y su hija, en un caso de narcotráfico.
Según las sumarias, Ortiz iba a recibir el pago de B/.8,000 por el secuestro de Gómez y su hijo. En la operación de entrega del dinero se detuvo a Ortiz y a Tikandas Mayani, quien posteriormente fue liberado, tras interponer un recurso de habeas corpus y haber denunciado que fue objeto de maltrato físico por parte de las unidades de la PTJ.
De los implicados en el supuesto secuestro no se encuentra ninguno bajo arresto, ya que en su mayoría fueron puestos en libertad, luego que Katherine Gómez se retractara del secuestro y dijera que sólo colaboró para la recuperación de la droga.
La Fiscalía Superior Especial tomó la semana pasada declaración a los agentes de la PTJ presuntamente vinculados con las torturas perpetradas a Tikandas Mayani al momento de su arresto y cuando se le mantuvo detenido en el sistema penitenciario de esa institución.
La defensa de Tikandas Mayani ha señalado que pretende entablar una acción judicial contra los miembros de la PTJ que lo agredieron y mantuvieron incomunicado de sus familiares y de la Fiscalía Auxiliar.
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