Una decisión de la Corte Suprema de Justicia mantuvo la cautelación de B/.6 millones a las empresas International Marconsult INC e IMC Legal Services, a las que se señala de haber recibido dinero de Ports Engineering and Consultands Corp (PECC).
En este caso se señala que ambas empresas recibieron recibieron cuantiosas sumas de dinero de PECC por la prestación de servicios técnicos.
Los fondos de Ports Engineering and Consultands Corp fueron cautelados por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial (DRP), tras argumentar la ilegalidad del contrato suscrito entre esa empresa y el Estado para dar mantenimiento a faros y boyas para la navegación marítima.
Dentro de las pesquisas realizadas por la Contraloría se estableció que el ex director de la Autoridad Marítima de Panamá, Rubén Reyna, fugía como presidente de International Marconsult Inc., al mismo tiempo.
Según la Corte Suprema la DRP es competente para cautelar bienes ante una lesión contra bienes y fondos públicos.
En ese caso la decisión de los magistrados señala que la cautelación estuvo motivada, justificada dentro de sus límites naturales por lo que no existen vicios de ilegalidad.
