Legalización de terrenos

Unos 10 mil 700 lotes distribuidos en más de 60 asentamientos informales en los corregimientos de Mañanitas, Tocumen, Pacora, Las Cumbres, Curundú, Ancón, Arnulfo Arias, Veracruz, Burunga, Capira y La Chorrera en la provincia de Panamá se encuentran en estos momentos en el proceso de mensura, legalización y titulación por parte del ministerio de Vivienda (MIVI).
Según Balbina Herrera, ministra de la cartera, con este proceso se está apoyando a miles de humildes panameños que podrán obtener el derecho definitivo de los lotes donde han vivido por años.
La Dirección Nacional de Asentamientos Informales del Ministerio de Vivienda informó que el total de las familias asentadas en estas áreas se eleva a 57 mil 25 con una población estimada en 285 mil 42 de panameños, mientras que asentamientos informales totalizan 517 en todo país.
Actualmente los lugareños deben caminar más para llegar hasta la calle principal donde se encuentra la piquera de buses del corregimiento.
El vocero de las 15 familias afectadas por la obstrucción de la calle que accede a la carretera Madden, dijo que las personas deben caminar por la peligrosa Boyd Roosevelt, que no tiene acera, para llegar a la piquera, poniendo su vida en riesgo.
"Todos los residentes que tienen que tomar los buses para ir al centro de salud deben caminar tres veces más, en vez de usar la vía pública bloqueada", añadió.
Según Diez, al ciudadano se le impuso una multa de B/.5 mil por desacato, pero "ni siquiera se ha tramitado".
El tema es conocido en la Defensoría del Pueblo.
La defensora Mónica Pérez acogió la queja de los moradores de Chilibre y emitió una nota, fechada del 29 de enero, tanto a la corregidora Rojas como al actual director de Catastro del MEF, Mariano Quintero.
Además, por la falta de cumplimiento de las normas, Diez elevó una nota de consulta al procurador de la Administración, Oscar Ceville, para saber quién tiene que ejecutar la orden de desalojo de la servidumbre.
Sostuvo que ahora pondrá una demanda penal por incumplimiento del deber del funcionario y por ignorancia inexcusable de la ley.
A su juicio, "es insólito que estas dos instituciones se estén tirando la papa caliente una a la otra y se niegan a cumplir con su deber".