El legislador oficialista Wigberto Quintero hizo ayer fuertes críticas contra la administración de la empresa Cable & Wireless y advirtió que los malos manejos ponen en peligro el valor de las acciones que mantiene el Estado en esta empresa.
Mientras que un vocero autorizado de la empresa Cable & Wireless expresó anoche a El Panamá América que esta compañía se maneja de una forma transparente en el marco de lo establecido en la ley y que está a las órdenes de las autoridades para cualquier aclaración.
Añadió que la transnacional desde que empezó a funcionar en Panamá ha cumplido con todas las normas establecidas en la ley, el contrato pactado y así lo seguirá haciendo.
Según Quintero, un estudio al cual tuvo acceso reveló diversas anomalías entre las cuales mencionó el pago doble por la ejecución de algunos proyectos, la contratación de empresas no calificadas para la prestación de servicios, el pago excesivo por diseños no ejecutados y otras situaciones irregulares.
Afirmó que esta es una empresa mixta en la cual el Estado panameño tiene un porcentaje significativo de capital y por lo tanto cualquier situación irregular en su administración puede afectar los intereses de todos los panameños.
Quintero propuso que se aprobara una resolución mediante la cual se designaba una comisión que se encargaría de investigar los manejos que se hacen en esta empresa que en un 49% es de propiedad de todos los panameños.
La propuesta de Quintero no fue aprobada, sólo recibió 22 votos a favor y el mismo número en contra, no logró el apoyo de la bancada legislativa del Partido Revolucionario Democrático (PRD) y también la rechazó su propio copartidario Jorge Alberto Rosas.
El legislador Jerry Wilson, del PRD, expresó que no estaba en desacuerdo con la denuncia presentada, pero consideró que la misma estaba mal enfocada, porque en realidad le correspondía al Ente Regulador de los Servicios Públicos investigar este tipo de situaciones.
Afirmó que hace algunos meses el PRD había cuestionado la labor que desarrollan la personas encargadas de dirigir el Ente Regulador, pero al momento que solicitaron una citación no contaron el apoyo del oficialismo, pues insistió en que son ellos los que deben velar porque las empresas de servicios públicos cumplan con lo que establece la ley.
