La legisladora Susana Richa de Torrijos afirmó que no es posible responsabilizar a la Ley 28 de todos los desaciertos cometidos por las Juntas Regionales de Educación, agregando que derogar esta ley no implicaría la solución a todos los problemas de la educación.
Richa de Torrijos sostuvo que muchos de los problemas que se atribuyen a la Ley 28 se debe a que la aplicación de esta norma no se reglamentó y que las personas que fueron escogidas para integrar las Juntas Regionales de Educación no fueron quizás las mejores.
La legisladora perredista --quien forma parte de la Comisión de Cultura, Deporte y Educación de la Asamblea Legislativa-- dijo que es preocupante que la educación en Panamá tenga tantas fallas, lo que se evidencia en la escasez de educadores y malas condiciones físicas de las escuelas.
La Ley 28, dijo la legisladora, fue un paso dado por el anterior gobierno, para lograr la descentralización de la educación, siendo éste el camino que se debe seguir para no retornar al centralismo, lo cual limita gravemente el desarrollo.
Con el proyecto de Ley 40 se pretende introducir reformas a la administración del sistema educativo, en lo concerniente al aspecto de los recursos humanos. Además, de rectificar las distorsiones en la implementación legislativa del proceso de descentralización del sistema educativo.
Advirtió la legisladora Susana Richa de Torrijos que si la derogación de esta ley y la aprobación de la Ley 40 por la cual se crea la dirección nacional de recursos humanos y las comisiones regionales de selección de personal docente, significa un paso adelante, ésta debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa.
No obstante, dijo que esto sólo debe darse luego de un amplio debate y de las consulta debidas con los gremios docentes de todo el país.
