La Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa admitió ayer el veto de la presidenta de la República, Mireya Moscoso, al proyecto de ley mediante el cual se organiza el Sistema Penitenciario en Panamá, iniciativa impulsada en el pasado período legislativo por el legislador Felipe Cano.
En el informe presentado ayer ante el pleno legislativo por Javier Tejeira, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, los legisladores consideraron que el veto presidencial se circunscribe a cuatro aspectos de un total de 129 artículos, razón por la cual decidieron hacer las correcciones del caso para convertir a la propuesta en el ley de la República.
La primera objeción de la presidenta fue al artículo 22 del proyecto en el cual se otorga al director del Sistema Penitenciario la potestad de conceder permisos de salida especiales para la reinserción del reo en la sociedad.
También revisarán la objeción al artículo 32 mediante el cual se crea la Carrera Penitenciaria, cuyo régimen jurídico será reglamentado, según dispone el proyecto, norma que a juicio del Ejecutivo viola el artículo 300 de la Constitución Nacional que establece que las carreras públicas no pueden estar sujetas a reglamentación.
Se revisará además el artículo 69, en el cual se establece "dos veces por el mismo hecho" cuando debiera decir "ni más de dos veces por el mismo hecho", toda vez que la Constitución Nacional prohíbe juzgar a cualquier persona dos veces por el mismo hecho.
La última norma a revisar es la que hace referencia a las sanciones administrativas que se aplicarían a las personas privadas de libertad, ya que se estima que debe consignarse en la ley y no quedar sujeto a materia reglamentaria, pues se trata de temas relativos a los derechos humanos de los detenidos.
Además, pidió que se institucionalice el Día de los Desaparecidos y que se complete las investigaciones que hay sobre las osamentas y posibles fosas clandestinas hechas en los tiempos de la dictadura militar.
Estas propuestas, informó, será llevada el próximo 16 de octubre ante el nuevo periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se realizará en Washington, Estados Unidos.
