Lo que pareciera ser el inicio de una batalla frontal entre la Asamblea Legislativa y el Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSP), que podría terminar con la modificación de la ley que creó la institución y hasta la destitución de sus tres directores, se registró ayer en el pleno de este órgano del Estado.
Alex Anel Arroyo, comisionado presidente del ERSP, compareció ayer ante el pleno de legislativo a responder a una citación para explicar el bloqueo ordenado por la institución a su cargo a 24 puertas de acceso a internet, conocidos como User Datagram Protocols.
Durante la comparecencia del funcionario, los legisladores acusaron a los directores del ERSP de abusar de su autoridad y además favorecer a las empresas que prestan el servicio de llamadas telefónicas internacionales.
Recriminaron su actuación, la cual consideran que sólo se dirige a proteger a las empresas que prestan los servicios públicos, pero nunca en beneficio del usuario.
El arnulfista Jacobo Salas, quien propuso la citación e hizo los más severos ataques a los funcionarios del ERSP, manifestó que existe interés de esta institución de favorecer a la empresa telefónica.
Salas expresó que en un futuro pretende presentar un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para que se declare ilegal la resolución JD-3576 de 25 de octubre, a través de la cual se ordenó el bloqueo de las puertas.
Mientras que Andrés Vega, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), afirmó que la decisión del ERSP ha llevado a Panamá a un "ridículo internacional" que lo coloca al nivel de naciones de Africa Mozambique, Senegal, Etiopía y otros países como Croacia y Belice, los cuales no han alcanzado ningún desarrollo.
Por su parte, Francisco Reyes, miembro del Partido Arnulfista, coincidió con los demás legisladores en que se requiere una modificación de la ley que creó el ERSP para que la institución pueda prestar un servicio en beneficio de la sociedad panameña e incluso habría que llegar a destituir a los actuales directores.
Salas manifestó que el ERSP invierte anualmente más de B/.1 millón en el pago de asesores que prestan servicios a la institución, además destacó el lujo de las oficinas de la institución.
Añadió que actualmente los funcionarios que laboran en el ERSP tienen un salario promedio de B/.1,600 mensuales, lo cual los ubica entre los mejores pagados de todo el Estado panameño.
Los legisladores coincidieron en que lo más pronto posible hay que modificar la ley que creó el ERSP para evitar que se repitan situaciones que van en perjuicio del pueblo.
El presidente del ERSP durante su comparecencia a la Asamblea informó que en lo que va del año en curso, la institución ha recibido B/.2.8 millones en concepto de lo que pagan las empresas telefónicas por las ganancias que registran.
Arroyo rechazó que el bloqueo ordenado se constituya en un atentado contra la tecnología o la educación, ya que lo que se ha hecho es tratar de regular una actividad a la cual se dedican empresas que no tienen presencia física en Panamá, no pagan impuestos y no contratan mano de obra panameña, además que no tienen concesión para dedicarse a la actividades de la telecomunicaciones.
Explicó que hay compañías que utilizan en la República de Panamá el Protocolo de Internet o Red de Internet para explotar o comercializar el servicio de larga distancia internacional que están actuando fuera de la ley, incluso defraudando el fisco nacional.
Arroyo dijo que una de las empresas que se dedica a esta actividad informó que presta servicios por un millón de minutos mensuales y que al final de cuentas defrauda al Estado panameño B/.2 millones anuales.
Legisladores piden sacar a directores del Ente
Promueven la modificación de la ley que creó la institución.