El pleno legislativo se negó a incrementar las penas de cárcel para los conductores del transporte público que ocasionen accidentes fatales, pero acordó aumentar el período de condena para quienes se vean involucrados o participen en secuestros.
Durante la sesión plenaria de ayer los legisladores aprobaron en tercer debate un proyecto de ley, mediante el cual se modifica el Código Judicial, el Código Penal y dicta otras disposiciones legales, referentes a los accidentes de tránsito y los hurtos en los colegios públicos y privados.
El proyecto que fue propuesto por el Procurador General de la Nación, José Antonio Sossa, pretendía, entre otras cosas, incrementar las penas para los conductores de transporte público que provocaran accidentes por exceso de velocidad y las malas condiciones de los vehículos.
Rubén Arosemena, legislador demócrata cristiano, manifestó que los legisladores "transportistas" (Franz Wever y Marcos González, entre otros), se opusieron a que se incrementaran estas penas.
Afirmó que él en lo personal pretende insistir en el intercambio de penas para quienes se vean involucrados en accidentes de tránsito fatales causados por la irresponsabilidad en el manejo o por malas condiciones mecánicas del vehículo.
El proyecto incluyó una modificación a fin de establecer el hurto en los colegios oficiales o particulares como un acto que sanciona con penas de prisión de 30 meses a seis años.
La misma pena se establece para los casos de hurto de productos del mar o insumos para la pesca que estén a bordo de embarcaciones, ya sea que estas se encuentren en alta mar, un puerto o cualquier punto de las costas panameñas.
Mientras que para el caso de los secuestros, se incrementa la pena máxima de prisión de siete a doce años.
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