Legisladores de diversas bancadas legislativas mostraron ayer su disconformidad con el proyecto de ley que establece la municipalización de los servicios de recolección de la basura en Panamá, Colón y San Miguelito, mientras que los trabajadores expresaron que no están satisfechos con lo planteado en la propuesta.
Marianela de Ceballos, vocera de los trabajadores, expresó que su preocupación principal radica en que después de que se traspasan los servicios a los municipios, éstos se declaren "incapaces" de continuar con la actividad y la privaticen.
Durante la sesión de ayer el legislador perredista, Manuel De La Hoz, se mostró en desacuerdo con el artículo que plantea la transferencia de los trabajadores de la DIMA a los municipios y presentó una nueva propuesta.
En esta iniciativa se establece que en el caso de que los municipios decidan privatizar los servicios de recolección de la basura, tendrían que reconocer los años de servicios de los trabajadores y pagar una indemnización que no podría ser inferior a la que establece el Código de Trabajo.
La vocera de los trabajadores dijo que a pesar de que esto no es lo que ellos quieren, estarán en disposición de negociar con los municipios o con los nuevos operadores del servicio.
Mientras que el director de la DIMA, Ricardo Saval, aseguró que los municipios contarán con los recursos para desarrollar esta actividad, ya que actualmente en Panamá se recogen B/.16.6 millones, mientras que en Colón y San Miguelito se recaudan B/.1.8 millones.
Atribuyó la falta de efectividad de la DIMA, a la burocracia y la carencia de estructura para aplicar métodos como el reciclaje y otras que podrían ayudar a incrementar los ingresos de la institución.
El legislador arnulfista, Lucas Zarak, afirmó que después de analizar el texto del proyecto ha podido constatar que lo único que se quiere es controlar unos 2.300 funcionarios que hoy laboran en la institución y que podrían ser nombrados por el nuevo gobierno.
Mientras que Leopoldo Benedetti, legislador "saltamonte", pidió a la bancada oficialista que antes de aprobar este proyecto, se permita a los legisladores consultar con los diferentes municipios, a fin de conocer si en realidad éstos tienen la capacidad de hacerse cargo de la actividad.
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