El ex vicepresidente Samuel Lewis Navarro no desmintió la información confidencial filtrada por Wikileaks de la Embajada de los Estados Unidos (EE.UU.) en Panamá sobre que el entonces presidente Martín Torrijos autorizó la entrada del Comando Sur al país, para una operación antidrogas en 2009. Sin embargo, el abogado internacionalista, Julio Berrío afirmó que una incursión de ese tipo viola la Constitución Política.
Lewis Navarro, sin entrar en mayores detalles, dijo que "todo se hizo en estricto apego a la ley, la Constitución y los acuerdos internacionales que nos llevaron a tener grandes logros contra el crimen organizado" en colaboración con los EE.UU.
Acuerdo.
Según muestra el cable de Wikileaks publicado por Panamá América, en la "Operación bloqueo en la Línea de Meta", Torrijos autorizó que la fragata "USS Gary" patrullara las costas panameñas hasta junio y que el actual vicepresidente y canciller Juan Carlos Varela se comprometió- antes de asumir el cargo- a continuar permitiendo el ingreso de tropas y barcos extranjeros a Panamá.
A juicio de Lewis Navarro, los informes confidenciales filtrados de la sede diplomática fueron escritos "no para que vieran la luz pública" sino como "documentos que sirvan para la elaboración de políticas de un gobierno con respecto a otros".
El ex canciller afirmó en Telemetro Reportaque los documentos revelan "secretos a voces" que "no son ninguna novedad", por lo que deben ser recibidos como los elementos para la toma de decisiones de un gobierno.
Insistió en que todo se hizo en beneficio de los panameños y la lucha contra el crimen organizado, por lo que -según dijo- "no hay nada turbio".
Violación.
Berrío, por su parte, insistió en que el acuerdo violó el principio del Tratado de Neutralidad y la Constitución, ya que sólo se puede autorizar la presencia extranjera para acciones diplomáticas.
"Cualquier presencia militar es un atentado contra la soberanía nacional, ya que disminuye nuestra independencia, porque la única fuerza armada desplegada en el Canal de Panamá es la panameña", planteó.
Sobre este tema, el viceministro de Seguridad, Alejandro Garúz, negó que exista patrullaje de fuerzas militares norteamericanas, así como de miembros del Pentágono en las costas panameñas durante el gobierno de Ricardo Martinelli.
Garúz afirmó que la única presencia militar estadounidense es en aguas internacionales y que se ha autorizado a que realicen capacitaciones a los panameños, ya que las costas son protegidas por el Servicio Nacional Aeronaval.
¿Caso viejo? Sobre el caso de “soborno” a ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia que se incluyó en un cable de la embajada de EE.
UU que filtró Wikileaks, el ex magistrado, Arturo Hoyos restó importancia a los cables diplomáticos que lo vinculan al presunto hecho, vinculado al archivo del llamado caso Otterloo.
"Es un tema viejo. Ese caso se discutió en el 2005 en la Asamblea Nacional y las denuncias interpuestas fueron rechazadas, porque no había prueba ni indicios de algo impropio en alguno de los fallos", enfatizó.
De acuerdo con los cables filtrados, la embajada estadounidense confirmó a través de diferentes fuentes que ocho magistrados supuestamente recibieron sobornos para cerrar un expediente de tráfico ilegal de armas AK 47 y municiones encontradas en el buque Otterloo, así como también para dejar en libertad al único sospechoso del escándalo.
