Al eliminarse las jubilaciones especiales a los educadores, se hará más largo el periodo para abrir vacantes por efectos de la Ley 8, informó Mario Medina, ex secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (APRP).
Explicó que la vigencia de la Ley 8, que aumenta el tiempo de trabajo para los educadores, disminuirá el número de nombramientos para el 2000.
Medina manifestó que los educadores se "sienten preocupados" porque esta situación provocará que a partir del año entrante no haya plazas de trabajo para los profesionales que desean ingresar al sistema educativo.
A juicio del ex dirigente de los profesores, los problemas para los docentes se darán porque no habrá "jubilaciones", ni vacantes suficientes para los egresados de las universidades y de la Escuela Normal Superior Juan Demóstenes Arosemena.
No podrían someterse a concurso nuevas plazas de trabajo porque se extenderían los años de servicio de los educadores y no se jubilarían con 28 años sino por la edad, que sería 62 años para los hombres y 57 las mujeres, explicó Medina.
Esta situación tendrá que ser tema prioritario para el nuevo gobierno que se instalará el 1 de septiembre, porque deberán analizar el contenido de la Ley 8, que afecta a las nuevas generaciones de educadores, añadió.
El exdirigente de los profesores manifestó que la administración que preside Ernesto Pérez Balladares prometió que los casi 300 educadores que iniciaron su labor en 1972, puedan acogerse a la jubilaciones especiales, que establecía los 28 años de servicios continuos en la estructura de la institución, aunque para el 31 de diciembre tengan 27 años y sólo le falten unos días para cumplir el tiempo requerido.
Según Medina, el gremio de los docentes descubrió que el paquete en que se encuentran los últimos profesores, quienes se acogerán a las jubilaciones especiales, están engavetados en el despacho del ministerio.
Recalcó el dirigente que la demora de la tramitación de los casi 300 jubilaciones se debe a que las autoridades no saben cómo proceder con ese grupo de educadores, pues la ley anterior establece que se jubilarían aquellos que cumplieran los 28 años de servicios, con igual cantidad de cuotas del fondo complementario, al 31 de diciembre de 1999.
Medina sostuvo que por este obstáculo el Ministerio de Educación no podrá abrir vacantes para docentes en un período de 10 a 12 años.
De acuerdo con Medina, las vacantes se producirían por la renuncia de un profesor al sistema o que fallezca, y de esta manera las autoridades podrían abrir a concurso las plazas de trabajo para los desempleados.
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