El uso de fondos de la Caja de Seguro Social (CSS) para financiar la compra de los corredores Norte y Sur por un monto total de B/ 700 millones, requeriría de modificaciones a la Ley Orgánica de la institución.
La ley señala en su Artículo 106, que la institución no puede invertir más del 20% del costo total de un proyecto.
Si el costo total del proyecto de compra de los corredores es B/ 700 millones, significa -según la norma- que la CSS sólo podría aportar B/ 140 millones que sería el 20% permitido y no B/ 245 millones como lo anunció el presidente Ricardo Martinelli.
El Gobierno pagaría B/ 420 millones por el Corredor Sur y B/ 280 millones por el Corredor Norte.
Carlos Abadía, ex dirigente de los médicos de la CSS y estudioso de la materia, sostiene que hay que evaluar al final cuál será el costo total del proyecto.
Abadía dijo que si lo vemos con los costos que inicialmente, ha presentado el Gobierno que incluyen B/ 700 millones, sólo se podría invertir hasta B/ 140 millones que es lo que corresponde al 20%.
Sin embargo, dijo que habría que ver cuál sería el costo total, si le sumamos la ampliación del Corredor Norte en el tramo Brisas del Golf - 24 de Diciembre y el tramo Madden - Colón.
Por su parte, Juan Jované, ex director de la CSS y Priscila Vásquez, dirigente de la institución, coinciden en que en este caso, no se puede invertir tal monto, a menos que se haga una modificación a la Ley Orgánica de la institución.
Jované recordó además que en el caso de ICA está pendiente en la Corte Suprema de Justicia, un reclamo que hizo la CSS por el uso de unas tierras de propiedad de la institución, sin autorización.
Insistió en que de la manera en que se ha presentado la propuesta hasta el momento, se podría incurrir en más de una violación a la Ley vigente.
Habría que revisarla y establecer en qué casos, se estaría incurriendo en violaciones y en el caso que el gobierno insista, presentar las propuestas de modificación que deben ser llevadas a la Asamblea Nacional para su respectiva modificación.
Por la premura del proyecto, se puede incurrir en una violación a la ley, insistió Jované.
Cabe destacar que, el borrador de las reformas a la Ley de la CSS, no incluye ninguna modificación al capítulo IX que trata el tema de las inversiones.
Mientras que Priscila Vásquez sostiene que la ley requiere que cualquier empresa en la que se va invertir, debe tener grado de inversión, lo cual no tiene la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), pues ni siquiera se ha creado.
Advirtió que hay que tener mucho cuidado porque con una acción como esta podríamos estar incurriendo en el mismo caso que se registró cuando los gobiernos militares en los que la CSS era la “caja menuda del Estado”.
