La Ley 9, de Carrera Administrativa, no permite que el ministro de Obras Públicas (MOP) ni ningún otro funcionario pueda tomar vacaciones por cuarenta y ocho horas u otro plazo menor a quince días, advirtió el legislador Aníbal Culiolis del opositor Partido Popular.
El legislador informó que el artículo 95 de esta ley, sancionada en 1994, establece que en cada institución, las instancias administrativas deben "asegurar que las vacaciones no se tomen en períodos fraccionados menores a quince días cada uno".
Culiolis dijo que este artículo es claro en cuanto al período mínimo para tomar las vacaciones en cualquier institución del Estado, que debe ser de quince días y no hay posibilidad a que se tome una semana o dos días de vacaciones.
Según se informó esta semana, el ministro Eduardo Quirós dijo: "tomé dos días de mis vacaciones y tengo mi respectivo permiso para estar aquí", durante su participación en un acto político en una comunidad de la provincia de Coclé en el cual también estuvo la presidenta de la República, Mireya Moscoso.
El legislador señaló que además la misma Ley de Carrera Administrativa que regula a todos los funcionarios, incluso a los ministros de Estado, establece en su artículo 138 claramente la prohibición a los servidores públicos a participar en todo tipo de actividad proselitista en horas laborables.
Sobre la base de estos argumentos el legislador de oposición considera que la participación del ministro Quirós, en un acto político en horas laborables, debe ser motivo de una investigación por la Fiscalía Electoral e incluso podría dar lugar a la separación del cargo.
Mientras que el Fiscal Electoral, Gerardo Solís, expresó que la actuación del ministro Quirós, al igual que el resto de los funcionarios que se han acogido a vacaciones o permisos especiales para participar en la campaña política, cumplen con lo dispuesto legalmente para estos casos.
Culiolis manifestó que en su opinión el Tribunal Electoral tiene gran responsabilidad en que se registren estos casos, pues permitió que la presidenta de la República pudiera participar en actos políticos, lo cual los ministros consideran que es extensivo a ellos.
Así la FEDEBEIS, junto a John Robinson, de la Pirotécnica Guararé; Cervecería del Barú; Dirección y Administración de Empresas (DAESA), firmante del contrato con la pirotécnica; el Patronato del Estadio Nacional y el Comité Organizador del Torneo Panamericano de Béisbol, se suma a la demanda presentada por los familiares y afectados.
Cabe señalar que a finales de noviembre del año pasado la firma Reyna, Pittí, Gordillo a la que pertenece Reyna III, presentó la demanda civil contra todos los organismos que estuvieron involucrados en la realización del torneo, celebrado el 5 de noviembre de 2003 en el Estadio Nacional.
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