Orlando Quintero, director ejecutivo de PROBIDSIDA, señaló que en estos momentos la Ley No 3 del 5 de enero de 2000 sobre las infecciones de trasmisión sexual, el Virus de la Inmunodeficiencia Humana y el SIDA "es letra muerta" por su poca implementación.
Sin embargo, Quintero dijo que pese a lo anterior, "es un instrumento jurídico que tenemos ante las denuncias tanto de salud como laborales".
En ese sentido, Juan Antonio Tejada, Defensor del Pueblo, sostuvo que precisamente el tema del SIDA ha sido uno de los retos más importante durante su gestión que debe concluir el año próximo.
Tejada indicó que "el desabastecimiento de medicamentos (triple terapia)" es preocupante.
Señaló además que se encuentran en los trámite de expedientes debido a que "nos vemos en el interés de brindar la sostenibilidad en los compromisos para enfrentar los devastadores efectos de la epidemia".
Mencionó que los casos de privados de libertad tienen derecho a la salud, atención integral y a un nivel de vida adecuado.
En el Centro Femenino de Rehabilitación hay siete privadas de libertad afectadas con el VIH, mientras que en el Centro Penitenciario de La Joya y La Joyita, la Defensoría tiene 10 expedientes individuales y dos colectivos (de 22 casos), respectivamente.
Para Tejada, el ascenso a casi 7, 000 personas infectadas se traduce en que hay que hacer esfuerzos conjuntos.
PROBIDSIDA firmó un convenio con la Defensoría del Pueblo intentando unir acciones de lucha contra la violación de los derechos humanos de los enfermos.
Según Mayté Cisneros, delegada de la Defensoría del Pueblo, la mayor cantidad de quejas que se reciben de las personas que viven con VIH es por desabestecimiento de medicamentos.
Según pudo conocer Panamá América, de las quejas que se reciben el 37.8% es por violación a los derechos humanos.
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