Leyes de calumnia e injuria

Las leyes de calumnia e injuria en Panamá se han convertido en un mecanismo de intimidación para los periodistas en la lucha contra la corrupción, que limita la fiscalización en las actuaciones de los funcionarios, coincidieron ayer juristas en un taller donde analizaron casos contra la libertad de expresión.
El abogado Santander Tristán, quien participó como expositor en el taller de capacitación sobre ética periodística, libertad de expresión y leyes de acceso a la información, organizado por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, afirmó que el objetivo de la libertad de expresión es servir de control político y ciudadano de los actos del Estado a través de sus funcionarios.
Por su parte, Octavio Amat, abogado y director de El Panamá América aseguró que de las leyes mordazas la más seria es la calumnia e injuria.
Amat explicó que la calumnia es la imputación de un delito, mientras que la injuria no es más que proferir una ofensa aún cuando sea verdad. Cuando ésta se cometa en un medio de comunicación la sanción ya implica pena de cárcel, sostiene.
El problema está en que para ejercer esta función fiscalizadora tenemos que exponernos a ir a la cárcel, lo que produce una intimidación del comunicador y lo que es peor la autocensura y el entorpecimiento funcional por los traumas que causan estos procesos.
Considera que el aparato judicial está tan afinado que tiene fiscalías contra la calumnia e injuria. Este aparato ha elaborado una opinión uniforme que le da un trato a los periodistas sin la presunción de inocencia.
En cuanto a la despenalización de la calumnia e injuria, los juristas sostienen que no existe uniformidad, pues no se ha logrado un consenso sobre el tema, pues hay partidarios de la despenalización y otros no están de acuerdo.
En Panamá estas normas se han convertido en un verdadero obstáculo para una verdadera libertad de prensa.
Más de 100 periodistas panameños han sido procesados por calumnia e injuria.
De los cien, cuarenta fueron por querellas presentadas por funcionarios, mientras que los casos privados sólo representaron un 1% del total.
Más de un tercio de los comunicadores latinos son objeto de querellas por estas causas.