Leyes de desacato deben eliminarse en Panamá

El relator de la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Santiago Cantón, afirmó ayer que las leyes de desacato en Panamá deben ser eliminadas, porque riñen con los principios elementales del sistema democrático al colocar a los funcionarios por encima del resto de los ciudadanos.
Indicó que los empleados públicos deben estar más expuestos al escrutinio público que el común de la ciudadanía, y no como en la actualidad, donde se limita la libertad de expresión.
“Las leyes de desacato le dan una protección especial a los funcionarios y esto contradice los principios elementales de una sociedad democrática y pluralista, lo que constituye una violación de los derechos humanos”, acotó Cantón.
En Panamá las leyes de desacato, que están en la Constitución Política y en códigos como el Administrativo, Penal y Judicial, permiten a ciertos funcionarios, privar de la libertad a cualquier ciudadano cuando se sientan ofendidos, sin que haya juicio previo.
La Constitución lo establece en el artículo 33, el Código Penal en el 307, el Judicial en el 202 y 386, el Código Administrativo en el 47 y 827.
Todos estos artículos facultan a los funcionarios judiciales, del Ministerio Público, Tribunal Electoral, al Presidente de la República, a gobernadores y alcaldes, a imponer penas de arresto cuando sientan que se les ha ofendido, faltado el respeto y ultrajado.
No obstante, Cantón manifestó su satisfacción por la eliminación por parte de la presidenta, Mireya Moscoso, de las leyes mordaza que afectaban el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Apuntó que ojalá esta actuación del gobierno panameño conlleve una mayor reestructuración de las leyes que regulan la libertad de expresión y de la administración de justicia, encaminando el país a los albores del siglo XXI.
Detalló que el comercio e industrias rara vez florecen durante mucho tiempo en un Estado donde no se disfruta de una administración regular de la justicia y donde el pueblo no se siente seguro de la posesión de sus propiedades.
Indicó que a pocos días del próximo siglo, la mayoría de los pueblos de la región enfrenta desafíos como el respeto a los derechos humanos, garantizar una verdadera independencia de los órganos Judicial y Legislativo, una amplia libertad de expresión y participación ciudadana.